La ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado arremetió contra la Fiscalía General de la República luego de los 28 allanamientos realizados en los que se detuvo a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como a directivos actuales y anteriores de la institución, sin que mediaran razones de peso jurídico para tales acciones y encima de ello, el que el delito que se acusa, no es motivo para un show mediático, propio de países como Venezuela.

Redacción Actualidad Digital.Mx

La ministra de la Presidencia dio a conocer la posición del gobierno, ante las diligencias judiciales, según la misma funcionaria, «luego de una discusión extendida y detallada» con el mandatario. De igual manera, la ministra calificó las acciones de la Fiscalía como «absurdas y abusivas», ya que la investigación se trata de un «abuso de poder» con fines mediáticos.» Las acciones de la Fiscalía son absurdas desde cualquier punto de vista legal y moral», afirmó Fernández.

El operativo, conto con 28 allanamientos en diferentes ubicaciones, y resulto con la detención de Martha Esquivel, la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, quien fue arrestada en Pérez Zeledón y trasladada en una «perrera» del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a San José para su declaración indagatoria.

¿QUÉ DICE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Según la hipótesis de la Fiscalía, “los detenidos habrían anulado un proceso de compra pública de servicios de salud, para supuestamente favorecer a varias cooperativas, lo que implicaría un sobrecosto de más de 12.400 millones de colones”.

CONTRARIO A ESTO

La Fiscalía no menciona en su argumentación, “que dicho contratos no han sido aprobados – por lo tanto, técnicamente no existen – por la Contraloría General de la República, siendo que de igual manera tampoco el estado costarricense ha efectuado egreso alguno de dinero a ninguna empresa”. En otras palabras, son contratos en los que ni siquiera se tiene certeza, que serán aprobados por la Contraloría General de la República, ente contralor que tiene la última palabra sobre los mismos.

Y de toda esta nebulosa y actuar precipitado del Ministerio Público, es de donde nacen los cuestionamientos al Ministerio Público, no sólo del gobierno, sino de la ciudadanía en general, donde se resalta la rapidez del actuar de dichas autoridades – algo inusual en dicha institución – toda vez que casos sonados de corrupción, que involucran al Partido Liberación Nacional y otras personas integrantes de los grupos de poder en Costa Rica, llevan años sin que se lleven adelante investigaciones y  mucho menos juicio alguno, siendo que todos estos duermen el sueño de los justos, esperando posiblemente la prescripción de los mismos.

POSICIÓN DEL GOBIERNO

Fernández rechazó categóricamente las acusaciones del Ministerio Público, argumentando “que el proceso de adjudicación aún está en revisión por la Contraloría General de la República y que ninguna ilegalidad ha sido confirmada por los tribunales”.

«¿Cómo podría haber prevaricato y un eventual delito, si ningún Tribunal Contencioso ha declarado algún acto ilegal en lo decidido por la Junta Directiva de la Caja?», cuestionó la ministra.

¿Por qué tanto show cuando esto no tiene ni dos meses de haberse denunciado? ¿Por qué no citaron por escrito a los miembros de la Junta Directiva y a Doña Marta, en lugar de detenerlos mediáticamente? ¿Por qué la Fiscalía se movió tan rápido con una base tan débil, haciendo uso de un sensacionalismo innecesario»?

La ministra de la Presidencia, de igual manera añadió, “que las acciones de la Fiscalía podrían estar motivadas por una intención de hostigar al gobierno. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno». El Ejecutivo no cederá ante lo que consideramos una maniobra para intimidar a sus miembros.  La ministra Fernández señalo que el gobierno seguirá enfrentando cualquier abuso de poder y pidió al pueblo costarricense que se mantenga «vigilante» ante esta situación.

ANTECEDENTES

Hay que señalar que la relación entre el jerarca del Ministerio Público y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, no pasa por un buen momento, debido a las múltiples denuncias públicas – todas relacionadas con el manejo de fondos públicos, incumplimiento de deberes. corrupción y otros casos sonados mediáticamente en dicho país – del presidente costarricense, ante la lentitud con las que se atienden las denuncias de los ciudadanos e incluso entes del estado y del peligro de la prescripción de las mismas. Precisamente por la lentitud del accionar del Ministerio Público, toda vez que existen denuncias que llevan años sin ser atendidas, contrariando el principio de justicia pronta y cumplida.

MENSAJE DE LA MINISTRA A LOS COSTARRICENSES

“Costarricenses, esto no huele nada bien. A todas luces es un abuso de poder. Lo interpretamos como una amenaza clara de la Fiscalía al Gobierno. Son mensajes que interpretamos así: «Vea gobierno, deje de cuestionarnos porque nosotros en la Fiscalía, tenemos el músculo de cómo intimidarlos, como en el caso de Doña Marta».

Eso es muy peligroso. Nosotros como sociedad debemos evitar que la Fiscalía haga uso de su fuerza para paralizar al gobierno a través de un hostigamiento ilegítimo. El gobierno no va a aflojar. Esperamos que el pueblo esté alerta y vigilante, porque estamos ante una amenaza sin precedentes en la historia de nuestro país», concluyó señalando en su mensaje la ministra de la presidencia.