A medida que se acerca el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México enfrenta un panorama convulso marcado por la violencia, la delincuencia organizada y la controversia en torno a la reforma judicial, la forma atropellada e inconsulta en la que fue aprobada y la ya férrea oposición a que la misma entre en vigor.

La promesa de una «Cuarta Transformación» se ve desafiada por realidades complejas que requieren una atención urgente y profunda.

La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada ha sido una de las banderas de este gobierno. Sin embargo, a pesar de las numerosas estrategias implementadas, el país sigue experimentando niveles alarmantes de violencia. Las cifras de homicidios y crímenes relacionados con el narcotráfico continúan en ascenso, lo que ha llevado a cuestionar la efectividad de las políticas de seguridad adoptadas.

Esta situación no solo afecta la vida de miles de mexicanos, sino que también socava la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.

Paralelamente, la reforma judicial ha generado una polarización significativa en el país. Con cientos de recursos legales interpuestos en contra de esta, la percepción de una falta de respeto hacia el estado de derecho se ha arraigado entre la población. La resistencia a esta reforma, impulsada por actores políticos y sociales, refleja una preocupación legítima sobre su impacto en la independencia del Poder Judicial.

La defensa de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, y las protestas de trabajadores del poder judicial son señales de un descontento que no puede ser ignorado.

La situación se agrava por las tensiones políticas que surgen de la oposición a la reforma, incluyendo acusaciones de traición y corrupción que han salpicado a diversos actores. En este contexto, la división entre los diferentes sectores de la sociedad se profundiza, dejando en evidencia una falta de consenso sobre el camino a seguir.

Es esencial que el próximo gobierno aborde estos desafíos con un enfoque renovado y comprometido. La recuperación de la seguridad y la restauración de la confianza en las instituciones son tareas prioritarias.

Esto implica no solo replantear las estrategias de seguridad, sino también asegurar que la reforma judicial se lleve a cabo de manera transparente y respetuosa con los principios democráticos.

La ciudadanía debe jugar un papel activo en este proceso.

Es fundamental que los mexicanos se involucren en el debate sobre el futuro del país, exigiendo rendición de cuentas y defendiendo los derechos fundamentales. En un momento en que la democracia está bajo presión, la participación ciudadana se convierte en un pilar esencial para la construcción de un México más justo y equitativo.

En conclusión, el final del sexenio de López Obrador se presenta como un momento crítico para México. La combinación de violencia, delincuencia y una reforma judicial controversial pone en tela de juicio la promesa de cambio que caracterizó su administración. Es imperativo que la próxima etapa en la historia del país se enfoque en el fortalecimiento del estado de derecho, la seguridad y la participación ciudadana.

Solo así será posible avanzar hacia un futuro en el que los derechos y la dignidad de todos los mexicanos sean plenamente respetados.

Al tiempo.