El campo de exterminio hallado en Teuchitlán, Jalisco, no es simplemente una tragedia más en la larga lista de horrores que sacuden a México: es una herida abierta que grita impunidad, abandono e ineptitud del Estado mexicano. Es la confirmación de que la delincuencia organizada no solo ha desafiado al gobierno… lo ha rebasado.

El hallazgo —realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y no por ninguna autoridad— expone una verdad incómoda: la impunidad no es excepción, es política de Estado.

Una muestra de la inexistencia del Estado de derecho

Lo que ocurrió —o más bien, lo que fue permitido durante años en ese rancho— es inaceptable bajo cualquier estándar de civilización. Un sitio donde se presume que personas fueron privadas de libertad, desaparecidas, asesinadas, calcinadas. Un campo de concentración en pleno siglo XXI, en el corazón de México, operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Y lo más grave: sin que las autoridades hicieran nada.

«Cada prenda encontrada en Teuchitlán es un testimonio mudo de una vida arrebatada. Un país que entierra a sus desaparecidos sin buscarlos, cava su propia tumba moral«

¿Cómo explicar que ningún nivel de gobierno —ni municipal, ni estatal, ni federal— detectara su existencia? ¿Cómo entender que un sitio de tal magnitud pudiera operar en silencio, sin ser intervenido, sin ser asegurado? La respuesta no requiere demasiadas vueltas: negligencia, complicidad o miedo.

Y en este país, las tres suelen ir de la mano.

La omisión como regla de conducta

La Fiscalía General de Justicia de Jalisco no lo descubrió. Tampoco lo hizo la Fiscalía General de la República, ni la Guardia Nacional, ni la Secretaría de Seguridad. Lo hallaron las madres, los hermanos, los hijos de los desaparecidos, quienes se han convertido —por obligación— en peritos, investigadores y rescatistas de sus propios muertos.

“Teuchitlán no solo muestra lo que ocurre cuando falla la justicia… muestra lo que pasa cuando nunca existió. La estrategia de abrazos terminó siendo una rendición sin condiciones. ¿O fue un pacto para llegar al poder?

¿Y qué encontraron? Montañas de ropa, crematorios clandestinos, restos calcinados, credenciales tiradas, huellas del horror. Escenarios que recuerdan los peores episodios de barbarie en la historia del mundo. Con la diferencia de que, aquí, el Estado no solo no ha intervenido, sino que parece haber garantizado su silencio.

Un precedente aún más indignante

Para colmo, este sitio ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2024. Se «rescataron» a dos personas, se detuvo a diez presuntos responsables… y luego, nada. No aseguraron el inmueble. No continuaron las investigaciones. No se realizaron búsquedas adicionales. Como si con un operativo fotográfico bastara.
¿Dónde quedó la cadena de custodia? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde está el seguimiento?

Todo fue enterrado. Literalmente.
Y hoy, cuando el horror ya no puede ocultarse, vuelven las excusas, las evasivas y el clásico argumento de “estamos investigando”.

La FGR: otra vez ausente

La Fiscalía General de la República, encargada por ley de perseguir los delitos de delincuencia organizada, volvió a fallar. Como lo ha hecho en decenas de casos. Como lo hizo con Ayotzinapa, como lo ha hecho con miles de desaparecidos que no tienen rostro mediático ni cobertura internacional.

Su silencio no es solo decepcionante. Es cómplice.

La estrategia fallida de los “abrazos”

El campo de exterminio de Teuchitlán es una consecuencia directa de una política criminal fallida. Durante seis años, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió en una absurda estrategia de “abrazos, no balazos”, que no fue más que una renuncia abierta al deber de gobernar.

No fue una política de paz. Fue una claudicación frente al crimen. Una cesión territorial disfrazada de pacifismo. El resultado está a la vista: crecimiento desmedido del crimen organizado, control territorial, colusión con autoridades locales y federales… y campos de exterminio como el de Teuchitlán.

¿Y ahora qué?

Hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la promesa ha cambiado. La nueva presidenta ha afirmado que habrá un giro en la estrategia de seguridad. Ha prometido mano firme y resultados. Está bien. Pero las palabras no alcanzan.

Porque México ya no puede darse el lujo de otro sexenio de indiferencia.

La sociedad ya no quiere promesas. Quiere resultados. Quiere a sus hijos de regreso.
Quiere justicia. Y quiere ver tras las rejas a los verdaderos responsables.

Conclusión

El campo de exterminio de Teuchitlán es un espejo de lo que se ha permitido. Es una bofetada a la justicia, a los ciudadanos, a los principios elementales del Estado de derecho. No podemos seguir tolerando que la soberanía nacional esté en manos del crimen. No podemos seguir aceptando gobiernos que administran la violencia en lugar de combatirla. El tiempo de la paciencia terminó. La justicia no puede esperar más.