En México, el poder está agrietado. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum apenas comienza su primer año de mandato, el ambiente que se respira es de fin de sexenio. Fracturas internas, escándalos cruzados, investigaciones internacionales y una serie de denuncias que no se pueden barrer debajo de la alfombra pintan un panorama alarmante para el país… y para quienes hoy lo gobiernan.
Más como quien no quiere caldo, entonces le dan dos tazas, el propio presidente morenista del Senado Gerardo Fernández Noroña, protagoniza un espectaculo improcedente a su investidura y al Senado mismo, cuando luego de una aireada discusión se enfrenta a golpes con Alejandro «Alito» Moreno, líder de la bancada del PRI, esto luego de cantar el himno nacional.

Como si no bastaran los escándalos, ahora la pelea está dentro de Morena.
Hermanos enfrentados por el poder: uno es senador y sueña con ser gobernador; el otro, ya en el cargo, le recuerda que los estatutos de su propio partido lo prohíben.

La escena revela fracturas internas en el partido oficialista, donde la ambición se mide incluso en familia. Y mientras los hermanos se lanzan dardos, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sale al paso: promete que para las elecciones de 2027 se evitará que familiares directos de funcionarios sean postulados.
El discurso apunta a frenar el nepotismo y blindar la transparencia en las candidaturas.
Pero la realidad es otra: si en casa no hay control, ¿cómo creer que lo habrá en todo un país? La lucha interna de Morena muestra que la “unidad” proclamada no resiste ni entre hermanos.
Estados Unidos prende las alarmas
La fiscal general de EE.UU. incluyó a México en una lista de adversarios internacionales junto a Rusia, China e Irán. La acusación es grave: el país estaría gobernado por cárteles que operan en territorio estadounidense con apoyo de inmigrantes ilegales.
Donald Trump no se ha quedado callado. Desde la Casa Blanca, y durante la firma de una ley que endurece las penas por distribución de fentanilo, declaró: “Los cárteles dominan México. Debemos hacer algo al respecto, no podemos permitirlo”.

Añadió que las autoridades mexicanas están petrificadas y que temen ir a trabajar porque el crimen tiene el control sobre los cargos electos.
Trump ha hecho del combate al fentanilo una de sus grandes banderas. Ha impuesto aranceles a China, México y Canadá, señalándolos como responsables del ingreso de esta droga al país. No es discurso vacío: en 2024 se registraron 80.400 muertes por sobredosis en EE.UU. Aunque la cifra se redujo respecto a 2023, el fentanilo sigue siendo responsable del 60% de estas muertes.
Bancos manchados de narcodinero: el nuevo golpe del Tesoro a México
La grieta se sigue abriendo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas por su papel en el lavado de dinero de los cárteles del narcotráfico, en particular en la cadena del fentanilo.
Entre los señalados aparece Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, amigo cercano de Andrés Manuel López Obrador y jefe de la Oficina de la Presidencia durante su gobierno. Junto a Vector, también fueron sancionados CIBanco e Intercam Banco.

Según el Fincen, estas instituciones no solo facilitaron el movimiento de millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, el CJNG, los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo, sino que también ayudaron a adquirir precursores químicos de China para la producción de fentanilo.
Ejemplos sobran: desde una mula que blanqueó 2 millones de dólares vía Vector, hasta empleados de CIBanco que facilitaron cuentas para lavar 10 millones de dólares al Cártel del Golfo. En Intercam, incluso se documentaron reuniones directas con supuestos miembros del CJNG para planear esquemas financieros.
El golpe es histórico:
a).- Vector gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos.
b).- CIBanco mueve más de 7 mil millones de dólares.
c).- Intercam, cerca de 4 mil millones.
Para Estados Unidos, estas instituciones son “fuentes principales de preocupación en materia de lavado de dinero”, piezas clave en la cadena del fentanilo que está matando a miles de estadounidenses.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue tajante:
“Estas instituciones financieras facilitan el envenenamiento de innumerables ciudadanos, moviendo dinero para los cárteles”.
Las sanciones les prohíben transferencias de fondos y las colocan bajo una lupa internacional que no solo exhibe la fragilidad del sistema financiero mexicano, sino también sus vínculos incómodos con el poder político.
Mientras la narrativa oficial insiste en la “transformación”, la realidad es otra: bancos con padrinos políticos, activos millonarios y relaciones que trascienden fronteras, hoy desenmascarados como engranajes del crimen organizado.
Retiro de visas: un nuevo frente de la crisis mexicana
La política mexicana vuelve en la mira de Washington. La cancelación de visas a funcionarios y gobernadores ya no es rumor: es un hecho. Y el golpe más sonado lo recibió la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, de Morena, junto a su esposo Carlos Torres. Esta pareja, es cercana de igual manera al expresidente Andrés Manuel López Obrador e incluso el mismo señaló en su momento y durante su mandato, «que ella era, la mejor gobernadora de todo México».

Pero el festejo duró poco: el gobierno de Donald Trump les retiró el visado El silencio oficial fue sepulcral. Marina del Pilar calló sobre las verdaderas razones; versiones extraoficiales aseguran que su esposo está en la lista negra de agencias antidrogas norteamericanas.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a defenderla, pidiendo explicaciones a Washington. Una postura riesgosa: en la Casa Blanca crece la narrativa de que México está gobernado por “narcopolíticos”.
Y el mensaje es claro: vendrán más cancelaciones. Gobernadores como Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, ya son señalados por vínculos públicos con capos del crimen organizado.
El problema trasciende lo personal: la advertencia del gobierno estadounidense es que funcionarios mexicanos representan un peligro para su seguridad nacional. Y si el tema escala, no solo habrá más visas destruidas, sino también latigazos económicos: aranceles, cierres fronterizos e intervención más directa.
La presidenta se enfrenta a un dilema: seguir protegiendo a personajes impresentables del oficialismo, o proceder en consecuencia para no heredar la maldita sombra de corrupción y narcopolítica que dejó su mentor.
Menuda tarea: gobernar en medio de la tormenta, contener la crisis económica y, además, cargar con la losa de quienes hicieron de la política un negocio criminal.
Y sigue la lluvia de escándalos en la política mexicana.
Ahora el nombre en el ojo del huracán es Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado y amigo íntimo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El cuestionamiento surge por su relación con el grupo delincuencial “La Barredora” en Tabasco. Todo gira alrededor del polémico nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de ese estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo señaló directamente como el líder principal de esa organización criminal. Hoy Bermúdez se encuentra prófugo, mientras el caso abre una nueva herida en la narrativa oficial de “honestidad” y “transformación”.
El tema apenas comienza: ¿cómo explicar que un hombre señalado por vínculos criminales fuera puesto al frente de la seguridad en Tabasco? ¿Y qué tanto sabía Adán Augusto?
Las respuestas no son menores, porque el telón de fondo es claro: la cercanía política con López Obrador y el control de Morena en las más altas esferas.

Mientras tanto, el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Ovidio, aceptó convertirse en testigo protegido en EE.UU., y la presidenta Sheinbaum ha solicitado la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, lo cual ha levantado cejas en Washington.

La confesión que sacude a México
A final de cuentas, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable ante una corte en Estados Unidos. Y en su confesión no dejó dudas: desde hace cerca de 50 años de carrera criminal, ha sobornado a policías, militares y políticos de todos los niveles en México.
El mensaje retumba como trueno: medio siglo de corrupción institucionalizada, alimentada por el dinero del narcotráfico. No se trata solo de un capo admitiendo sus culpas; se trata de un espejo brutal que refleja hasta qué punto las estructuras del poder en México han sido penetradas.
Hoy muchos – en oficinas, cuarteles y despachos políticos, incluyendo a los de MORENA, duermen con insomnio. Porque no es cualquier testigo: para Estados Unidos, Zambada es “el narcotraficante más grande del mundo”.
La pregunta que queda en el aire es tan incómoda como inevitable: ¿cuántos de esos nombres que recibieron dinero están todavía en funciones, decidiendo el destino del país?
Toda una bomba de tiempo en la 4T
El abogado de Ovidio, Jeffrey Lichtman, acusó a Sheinbaum de actuar como «el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante». La mandataria calificó las declaraciones como «irrespetuosas» hacia la investidura presidencial y anunció una demanda por difamación, la cual sabemos jamás será interpuesta.
Sobornos que cruzan el Atlántico
En España, también hay ruido. Las declaraciones judiciales han salpicado a figuras clave del PSOE como Ábalos, Koldo y Santos Cerdán (este último ya en prisión), por presuntos sobornos vinculados al Tren Maya. Empresarios españoles revelaron pagos multimillonarios a políticos mexicanos para obtener contratos en proyectos estrella del gobierno.
El brazo derecho de Pedro Sánchez se habría reunido con morenistas como Ricardo Monreal, Alejandro Murat y Pedro Haces para facilitar adjudicaciones.

Monreal, junto a Mario Delgado y Andy López Beltrán, fue captado derrochando recursos en hoteles de lujo en Europa, en medio del escándalo.
Huachicol fiscal: el saqueo del siglo
Estados Unidos ha puesto bajo la lupa una red monumental de extracción y venta ilegal de combustible, con pérdidas que se calculan en 525,000 millones de pesos al año.
Los decomisos recientes apenas muestran la punta del iceberg: 8 millones de litros en Ensenada, 10 millones en Altamira y 129 carrotanques repletos. Detrás de esos números se teje una red que conecta aduanas, puertos y estructuras políticas.
El dato es brutal: uno de cada tres litros de gasolina en México podría tener origen ilícito. Y lo más explosivo: denuncias internacionales señalan que parte de esas ganancias habrían financiado campañas de Morena.

Para colmo, en la Fiscalía General de la República (FGR) se acaba de presentar una denuncia formal contra Andy López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, y actual secretario de organización de MORENA , junto a otros morenistas de alto nivel, por los delitos de crimen organizado y enriquecimiento ilícito.
El escándalo de la casa de 12 millones de Fernández Noroña en Tepoztlán
La historia empezó con una revelación: una propiedad de 12 millones de pesos en el Pueblo Mágico de Tepoztlán, adquirida por el ex presidente del Senado y actual senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.

El problema es de fondo: Tepoztlán tiene desde 1929 un decreto presidencial que establece que sus tierras son comunales. Eso significa que no pueden ser escrituradas, vendidas ni hipotecadas de manera individual.
Noroña asegura que todo es legal. Afirma que la compró con un crédito hipotecario que paga con su salario de senador y con los ingresos de su canal de YouTube. Sin embargo, el contraste es fuerte: El terreno mide 1,200 metros cuadrados, con construcción de 259 metros cuadrados. La propiedad es de diseño rústico, con amplios jardines, terraza trasera y artesanías mexicanas.
Un lujo que choca con sus constantes discursos de austeridad.

Las protestas: A finales de agosto, pobladores de Tepoztlán protestaron frente a la casa, con carteles denunciando que fue adquirida sin autorización comunal.
La pelea con el alcalde: Noroña respondió acusando al alcalde Perseo Quiroz de estar detrás de las protestas. Pero el edil replicó con un dato grave: la casa no aparece en el catastro municipal, es decir, no paga impuesto predial.
Desde entonces, la disputa se convirtió en un enfrentamiento abierto, con acusaciones, calificativos y desconfianza creciente.
El debate de fondo sigue sin respuestas:
¿Cómo puede un senador adquirir una mansión de 12 millones si su salario no lo permite?
¿De dónde sale el dinero si ni siquiera un préstamo bancario justificaría cuotas tan altas?
¿Y cómo explicar la contradicción entre el discurso de “vivir con austeridad” y la realidad de una casa en tierras comunales?
¿Por qué Fernández Noroña, se niega a dar explicaciones, incluso a las más altas autoridades de MORENA y del gobierno mismo?
La grieta está abierta, y la polémica promete crecer.
Así de este tamaño, así de crudo, están hoy las cosas en México: un país donde la corrupción y el poder se entrelazan hasta en el combustible que mueve a la nación.
ADMX opina:
Esto no es un análisis político más. Es una radiografía del poder y de lo que no quiere mostrar. Un testimonio documentado de que, mientras se repite el discurso de “transformación”, lo que en realidad se consolida son redes de corrupción que cruzan fronteras y partidos.
La presidenta podrá descalificar todo como “comentarios de opinócratas, traidores de la Patria, neoliberales o conservadores que quieren recuperar sus privilegios». Pero los hechos son tercos: declaraciones juradas en cortes extranjeras, visas canceladas, narcotraficantes mexicanos enviados a los Estados Unidos sin mediar extradición alguna, fiesta de acordeones y ausencia de los mexicanos en la elección judicial, sanciones internacionales, gobernadores morenistas vinculados al crimen organizado y al narcotráfico, testigos protegidos, narcoterroristas en la mira, miles de muertos por fentanilo y bancos enteros manchados de narcodinero.
Eso no es una campaña en contra: es un colapso anunciado.
En ADMX lo decimos con claridad: a las pruebas nos remitimos.

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