*La candidata presidencial Laura Fernández denuncia la instalación de un dispositivo de espionaje en su oficina, en plena campaña electoral.
San José, Costa Rica. — En un hecho que sacude la confianza institucional del país, la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, presentó una denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras el hallazgo de un dispositivo de espionaje oculto en su oficina de campaña, ubicada en Pavas.
El caso, sin precedentes en la historia política reciente, abre un capítulo inquietante para la democracia costarricense – una de las más antiguas y respetadas del continente – al evidenciar la posible existencia de prácticas ilegales de interceptación y vigilancia política en medio de un proceso electoral.
Fernández afirmó que el aparato, hallado por un equipo especializado en detección de tecnología de espionaje, permitía captar conversaciones privadas y transmitirlas hasta un kilómetro de distancia, lo que plantea interrogantes serios sobre la protección de datos, la ética política y la seguridad de las campañas electorales en Costa Rica.
“Quien haya instalado ese dispositivo escuchó conversaciones privadas con mi equipo y mi familia. Lamentablemente eso es campaña sucia… pero si creen que con estas estrategias me van a vencer, les digo que cada día me hacen más fuerte”, declaró Fernández tras salir del Ministerio Público.
Características del dispositivo encontrado
Fuentes técnicas consultadas por Actualidad Digital.Mx describen que el objeto recuperado tiene características propias de los micrófonos espía miniatura de transmisión inalámbrica.
Según los informes preliminares:
1.- Es un transmisor de audio oculto, de tipo RF (radiofrecuencia), diseñado para camuflarse dentro de estructuras eléctricas o de oficina.
2.- Tamaño: menor a 5 cm, con batería interna de alta duración y antena integrada para transmitir señal.
3.- Alcance estimado: entre 500 metros y 1 kilómetro, dependiendo del entorno y del receptor.
4.- Costo estimado: entre US$2.000 y US$3.000, dependiendo del modelo y origen del circuito.
5.- Dificultad de detección: alta; estos dispositivos utilizan frecuencias variables o modulaciones encriptadas que burlan detectores convencionales.
Expertos en seguridad afirman que este tipo de micrófonos “no se adquieren fácilmente”, y que su importación o fabricación local suele requerir contactos especializados o intermediarios del mercado negro tecnológico.
Marco legal y alcance de la denuncia
La denuncia fue presentada bajo la figura penal de captación indebida de manifestaciones verbales, delito tipificado en el Código Penal costarricense. El caso pasará ahora a la Fiscalía de Pavas y posteriormente al OIJ, que deberá realizar los peritajes técnicos para determinar:
1.- El tipo exacto de dispositivo y su origen.
2.- Si hubo transmisión activa o almacenamiento local de las grabaciones.
3.- Posibles responsables de la instalación o acceso físico al inmueble.
De confirmarse el uso del artefacto con fines políticos, el hecho podría configurar espionaje político, un delito que atenta directamente contra los principios del Estado de Derecho y la igualdad de condiciones electorales.
Impacto regional y lectura geopolítica
Más allá del impacto inmediato en la campaña, el hecho resuena en toda Centroamérica, región que observa con atención a la nación que por décadas fue ejemplo de institucionalidad y civilidad democrática.
La infiltración tecnológica, si se confirma, sería un golpe simbólico y real al modelo costarricense, evidenciando que ni siquiera las democracias más estables están exentas de las sombras del espionaje político.
La normalización de prácticas de vigilancia en entornos civiles y electorales, ya sean impulsadas por actores internos o externos, representa una amenaza creciente en América Latina. Los dispositivos espía, antes reservados a operaciones militares o de inteligencia, hoy se consiguen fácilmente en plataformas internacionales y pueden ser utilizados para fines ilícitos, desde extorsión hasta manipulación política.
Paralelo con México: del caso Pegasus al poder que todo lo escucha
El espionaje político no es nuevo en América Latina. México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), protagonizó uno de los mayores escándalos de vigilancia ilegal en el hemisferio: la compra del software israelí Pegasus, capaz de intervenir teléfonos móviles, micrófonos, cámaras y conversaciones encriptadas sin dejar rastro visible.
El sistema fue adquirido oficialmente para combatir el crimen organizado, pero en la práctica terminó siendo usado para espiar a periodistas, activistas, empresarios y opositores políticos, incluyendo figuras de su propio partido. Entre los objetivos identificados se encontraban comunicadores del New York Times, Aristegui Noticias y representantes de organizaciones de derechos humanos.
Tras la indignación internacional, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador prometió acabar con esas prácticas. Sin embargo, una vez en el poder, nuevas investigaciones revelaron que el espionaje no cesó.
Informes de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmaron que Pegasus continuó siendo usado durante su administración, esta vez incluso contra miembros de la cúpula de Morena, el propio partido oficialista.
El mensaje es claro y preocupante: cuando el poder aprende a espiar, ya no sabe dejar de hacerlo.
El espionaje político se vuelve una herramienta tentadora para controlar el discurso, anticipar movimientos de adversarios o amedrentar voces críticas. Y aunque los métodos cambien – de micrófonos físicos en tomacorrientes a software invisible en teléfonos inteligentes – la esencia es la misma: silenciar, intimidar y manipular.
Por eso, lo que hoy ocurre en Costa Rica debe verse con una mirada amplia: no se trata solo de un episodio doméstico, sino de una advertencia continental. Si incluso las democracias más consolidadas del istmo comienzan a mostrar fisuras en materia de privacidad y ética política, ningún sistema está completamente a salvo.
Actualidad Digital Mx opina
No hay espionaje “inofensivo” cuando lo que se viola es la intimidad humana y la confianza pública. Cada micrófono oculto, cada software infiltrado, es un golpe silencioso al alma de la democracia. Costa Rica – históricamente faro de estabilidad y civismo en Centroamérica – no puede permitirse que los métodos de la sombra sustituyan el debate de las ideas. Porque cuando un país normaliza la vigilancia política, no solo pierde libertad: pierde su dignidad institucional.
Y es que lo que hoy sucede en San José, Costa Rica; no se queda en San José.
Las grietas que se abren en una democracia resuenan en toda la región. México lo sabe: allí, el poder que prometió limpiar la casa terminó usando las mismas herramientas del miedo para vigilar a su propio pueblo.
Ese es el riesgo del siglo XXI: que la tecnología, sin alma ni conciencia, sea usada como látigo contra la verdad.
Por eso, desde Actualidad Digital Mx levantamos la voz, no desde la trinchera de un partido, sino desde el compromiso con la libertad, la transparencia y la justicia.
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