En Costa Rica, la diputada oficialista y jefa de fracción de la misma, acusa al vocero y Director de Estrategia del Tribunal Supremo de Elecciones, Gustavo Román Jacobo, de parcialidad política y solicita su destitución.
La diputada Pilar Cisneros, junto con toda la fracción oficialista, presentó una denuncia formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra Gustavo Román Jacobo, actual Director de Estrategia y Gestión Política del organismo, por presunta beligerancia política y violación al principio de imparcialidad institucional.
El documento, sustentado en los artículos 146, 220 inciso g) y 265 del Código Electoral, señala que el funcionario habría realizado declaraciones públicas y artículos de opinión con contenido político-electoral durante su horario laboral y en su calidad de vocero del Tribunal, lo que, según la fracción, constituye una violación directa al deber de neutralidad que rige a los funcionarios del TSE.
Los hechos denunciados
La denuncia sostiene que Román Jacobo “se ha dedicado sistemáticamente a emitir criterios y opiniones con el afán de incidir tendenciosamente en la opinión del electorado”, y que sus apariciones en medios y redes sociales exceden sus competencias institucionales al introducir opiniones personales sobre la gestión del Poder Ejecutivo y la figura del presidente de la República.
Entre las pruebas aportadas se incluyen publicaciones en medios nacionales como CRHoy, San Carlos Digital, Puro Periodismo e Inforame.com, así como entrevistas en video donde, según la denuncia, el funcionario habría desvirtuado su función comunicacional para formular críticas directas al Gobierno y sus representantes.
Al considerar que su cargo lo inhibe de hacer comentarios político-electorales, la diputada Pilar Cisneros, de Progreso Social Democrático, presentó formalmente la denuncia contra el vocero del TSE.
“La gente que trabaja en el Tribunal tiene que ver la cancha desde lejos. (…) Que ahora se atenga a las consecuencias”, manifestó Cisneros a las afueras del plenario legislativo.
La legisladora cuestionó artículos de opinión en los que Román habría utilizado un tono despectivo hacia el presidente Rodrigo Chaves.
En uno de ellos, el funcionario escribió frases como:
“Las ridiculeces vergonzosas de llamar golpe de Estado a la solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente”, y “Discutir las potestades del TSE para pedir el desafuero del mandatario tiene tanto sentido como discutir con terraplanistas”.
La acusación se da pocos días después del tenso intercambio entre el presidente Chaves y el Tribunal Supremo de Elecciones, en medio de un debate creciente sobre los límites de la beligerancia política en funcionarios públicos.
De ser hallado responsable, Román Jacobo podría ser destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante cuatro años.
Lo que dice la ley
El artículo 146 del Código Electoral prohíbe expresamente a los funcionarios del TSE realizar manifestaciones político-partidarias o participar en discusiones de índole electoral.
La denuncia recuerda que esta prohibición se extiende incluso a opiniones indirectas, cuando el contenido o el contexto de las declaraciones pueda interpretarse como apoyo o rechazo hacia alguna tendencia política. Además, cita la jurisprudencia de la Sección Especializada del propio Tribunal, que ha interpretado el concepto de “ostentación partidista” como aplicable también a publicaciones o declaraciones en medios de comunicación y redes sociales.
Solicitudes de la denuncia
Cisneros y su bancada piden al Tribunal Supremo de Elecciones:
1.– Abrir un procedimiento ordinario por beligerancia política contra Gustavo Román Jacobo.
2.- Declarar con lugar la denuncia en todos sus extremos.
3.- Imponer la sanción correspondiente, incluyendo la destitución del funcionario y su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta cuatro años.
Un debate institucional en marcha
El caso se presenta en un contexto particularmente sensible. En las últimas semanas, el TSE ha sido centro de debate público tras la solicitud de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por supuesta beligerancia política. La denuncia presentada por la diputada Cisneros introduce un nuevo elemento en esta discusión, al cuestionar si el propio Tribunal mantiene la neutralidad que exige a los demás actores políticos. Expertos en derecho electoral han señalado que este tipo de casos redefinen los límites entre la libertad de expresión de los funcionarios públicos y el deber de imparcialidad institucional, un equilibrio clave en toda democracia moderna.
Una denuncia que pone a prueba la neutralidad institucional
La situación que involucra a Gustavo Román Jacobo, funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, reviste una seriedad que no puede ser pasada por alto. Un servidor público de ese órgano, llamado a garantizar neutralidad, no puede incursionar en la contienda político-electoral, y menos aún utilizar espacios mediáticos para descalificar al Presidente de la República o a figuras del oficialismo.
La diputada Pilar Cisneros, junto con otros legisladores, han presentado denuncias acompañadas de pruebas contundentes para que el Tribunal actúe conforme a la normativa vigente y sancione la beligerancia política de un funcionario que debe mantenerse al margen del debate partidario.
Es evidente que toda la sociedad costarricensel observará con atención la respuesta del TSE, ya que este caso pondrá a prueba si la neutralidad que el Tribunal proclama es real o un mero discurso con un transfondo politico.
Veremos entonces, en los próximos días, si en el TSE; las palabras se sostienen con hechos.
Como dice el refrán: “si como roncan, duermen”, y recordando también que, en justicia, “lo que es bueno para la gansa, debe serlo también para el ganso.”
Porque la ley – cuando se aplica de verdad – no distingue nombres, colores ni cargos.
Actualidad Digital.Mx 
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