Washington presiona. Palenque condiciona. Y la realidad no espera.

Los nexos de la llamada Cuarta Transformación con los cárteles del narcotráfico ya no parecen estar en discusión. Esa historia no surgió de un solo episodio ni de una acusación aislada: se fue escribiendo, acumulando y revelando a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Comenzó a tomar forma con la liberación de Ovidio Guzmán durante el llamado Culiacanazo de 2019; se profundizó con la intervención del crimen organizado para financiar, presionar y asegurar triunfos electorales de Morena en amplias regiones del país en 2021 y 2024; y se consolidó con vinculaciones directas de figuras clave del obradorismo con organizaciones criminales, como el caso de Adán Augusto López Hernández y el grupo La Barredora, así como con el escándalo del huachicol fiscal, un saqueo millonario a la nación operado – según denuncias de la misma Marina asi como de investigaciones periodísticas – desde los más altos mandos de la misma Marina mexicana.

Estados Unidos deja de insinuar y empieza a señalar

Desde principios del año pasado, el gobierno de Estados Unidos comenzó a denunciar de manera sistemática estos vínculos. Funcionarios cercanos a Donald Trump, y el propio presidente estadounidense desde el inicio de su nueva administración, han sostenido en todos los tonos que México se encuentra gobernado por los cárteles del narcotráfico, y que existe una alianza estructural entre política y crimen organizado. Como de igual manera señalo Trump, «que dicha alianza era intolerable».

Washington ha presionado por todos los canales posibles para que México admita la intervención directa de fuerzas estadounidenses en el combate a los grupos criminales. Detrás de esta exigencia no hay improvisación: hay la certeza, desde las agencias de inteligencia, de que las redes criminales inundaron el obradorismo a cambio de votos, dinero, protección y poder.

El nivel de infiltración – según esta narrativa – ya alcanzó los más altos niveles del Estado mexicano.

La lista, los capos y el reloj que avanza

Desde mediados del año pasado trascendió que Estados Unidos posee una lista de políticos mexicanos de alto perfil presuntamente involucrados con el crimen organizado. Esa sospecha se vio reforzada con la llegada a cárceles estadounidenses de algunos de los principales capos del narcotráfico, cuyas declaraciones han servido para alimentar expedientes que siguen abiertos.

Era cuestión de tiempo para que esa información se tradujera en nuevas presiones sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, heredera no solo del poder, sino también del escenario de complicidades inconfesables que dejó López Obrador y sostenedora del pacto de impunidad dictado desde Palenque.

El factor Maduro y la aceleración del conflicto

La controvertida extracción del dictador venezolano Nicolás Maduro aceleró todos los tiempos. Apenas días después de su traslado a Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, Donald Trump lanzó una advertencia sin precedentes: amenazó con atacar a las organizaciones criminales también por la vía terrestre y afirmó que estos grupos “gobiernan México”.

Ese mismo día, Trump sostuvo que “su moral, y no el derecho internacional”, es el verdadero límite de la política exterior estadounidense.

«México se encuentra gobernado por los cárteles del narcotráfico, y existe una alianza estructural entre política y crimen organizado, algo que es intorerable«. señalo Trump.

La declaración puso en estado de alarma a la Cuarta Transformación.

Sheinbaum bajo presión: llamadas, silencios y negaciones que ni ella misma cree

La posibilidad de una operación similar en territorio mexicano llevó al primer círculo del gobierno de Claudia Sheinbaum a analizar escenarios inéditos. El nerviosismo se apoderó de quienes saben que hay suficiente evidencia para llevarlos ante la justicia norteamericana y que podrían resultar directamente afectados por una decisión de ese calibre.

No es casual que, tras la detención de Maduro, López Obrador condenara unilateralmente la intervención estadounidense en Venezuela, aun cuando ya no ocupa formalmente el cargo. Palenque sigue pesando.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada directa con el canciller Juan Ramón de la Fuente, exigiendo resultados tangibles en el combate al narcotráfico. Para Washington ya no bastan detenciones, decomisos o el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, que no son más que cortinas de humo, para evitar lo que ha la postre es inevitable: la detención de altos miembros de su gobierno y de Morena, su partido.

Un día después, el gobierno mexicano modificó el horario de la conferencia matutina: Claudia Sheinbaum sostendría una llamada con Donald Trump. La conversación duró apenas unos minutos. La presidenta calificó el intercambio como “muy bueno” y descartó cualquier posibilidad de intervención militar.

Aquí, las comillas cumplen una función editorial: contrastan el discurso oficial con los hechos posteriores. Sheinbaum volvió a hablar de “colaboración, coordinación y trabajo conjunto”, y negó que Estados Unidos le haya solicitado la detención de figuras políticas ligadas al narcotráfico.

Los diarios desmienten, la realidad insiste

Sin embargo, The Wall Street Journal , The New York Times y altos funcionarios de la administración Trump, revelaron que ese mensaje oficialmente negado sí ha sido planteado y que funcionarios del gobierno mexicano analizan cómo responder a las exigencias de Trump. El nerviosismo posterior a la captura de Maduro llevó incluso a evaluar la posibilidad de arrestar a funcionarios de alto nivel de Morena.

Sheinbaum declaró que la Fiscalía debe investigar a cualquiera si existen pruebas, pero hasta ahora no se ha actuado contra ninguna figura relevante de la 4T, pese a los múltiples escándalos que las rodean.

Los nombres que nadie toca

En ese grupo figuran:

1.- Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado y amigo íntimo de López Obrador, a quien el expresidente llama públicamente “mi hermano”.

2.- Gobernadores como Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas), Arturo Durazo (Sonora) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán).

3.- Secretarios de Estado como Mario Delgado.

4.- Generales y almirantes como Audomaro Martínez y Rafael Ojeda.

Las comillas en “mi hermano” no son retóricas: son una cita directa que evidencia cercanía política y personal.

La negación oficial y la pregunta inevitable

Sheinbaum insiste en que no ha discutido con Estados Unidos la detención o extradición de políticos ligados al narcotráfico.

Pero la pregunta se impone sola: ¿qué otra cosa puede ser, entonces?

Si a Estados Unidos ya no le bastan las entregas de capos, los decomisos espectaculares o los operativos mediáticos, es evidente que el siguiente nivel es político.

Los diarios estadounidenses contradicen a Sheinbaum. Trump y su gobierno lo hacen todos los días. Y la realidad – cruda, persistente – lo confirma: los cárteles gobiernan amplias regiones de México.

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A final de cuentas

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se encuentra atrapada entre Washington y Palenque. Entre la presión internacional que exige romper el pacto de impunidad y la herencia política que le impide hacerlo. en medio, un país donde la narrativa ya no alcanza para ocultar la verdad.