Una ola de violencia deja ocho policías muertos tras motines en varias cárceles
Ciudad de Guatemala, 20 de enero de 2026 (ADMX). – Guatemala vivió uno de los episodios de violencia más graves de los últimos años luego de que ocho agentes de la Policía Nacional Civil fueran asesinados en ataques armados coordinados, presuntamente ejecutados por estructuras pandilleras, como represalia tras el control gubernamental de varias cárceles del país.
Los hechos se desencadenaron luego de motines simultáneos en centros penitenciarios, particularmente en la cárcel de alta seguridad “Renovación I”, ubicada en el sur del país. Ante la gravedad de la situación, el presidente Bernardo Arévalo de León compareció en cadena nacional y decretó duelo nacional y estado de sitio por un período de 30 días.
Represalia criminal tras la recuperación del control penitenciario
De acuerdo con el mandatario, los asesinatos de los policías se produjeron como represalia directa luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de al menos tres cárceles el domingo por la mañana, tras los disturbios iniciados el sábado por reos pertenecientes a estructuras criminales.
El estado de sitio decretado faculta a las autoridades para realizar arrestos y detenciones sin orden judicial, como parte de una estrategia extraordinaria para contener la escalada de violencia y recuperar el control territorial.
El origen del conflicto: fin de privilegios a líderes criminales
La confrontación entre el Gobierno y las pandillas se remonta al segundo semestre de 2024, cuando Arévalo ordenó el traslado de líderes criminales a cárceles de alta seguridad, eliminando privilegios de los que gozaban bajo administraciones anteriores.
Durante su mensaje a la nación, el presidente fue enfático al señalar que “no permitirá que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, y sostuvo que la reacción criminal demuestra que la estrategia del Estado está afectando directamente a las estructuras delictivas, las cuales – afirmó – “están desesperadas”.
La prisión “Renovación I” fue uno de los principales focos de tensión. Durante el motín, reos tomaron como rehenes a agentes del Sistema Penitenciario, denunciaron públicamente supuestas condiciones inadecuadas de reclusión y llamaron abiertamente a una rebelión contra el presidente.
Cárceles bajo control y ataques coordinados en la capital
El domingo, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía ingresaron a “Renovación I”, rescataron a los rehenes y retomaron el control total del penal. Sin embargo, horas después, presuntos pandilleros ejecutaron ataques armados coordinados en distintos puntos de Ciudad de Guatemala, asesinando a ocho agentes policiales que realizaban labores de seguridad en la vía pública.
Durante su mensaje a la nación, el presidente fue enfático al señalar que “no permitirá que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, y sostuvo que la reacción criminal demuestra que la estrategia del Estado está afectando directamente a las estructuras delictivas, las cuales – afirmó – “están desesperadas”.
Golpes a las pandillas y antecedentes recientes
La Policía Nacional Civil informó que fue neutralizado Aldo Ochoa, identificado como líder de la pandilla Barrio 18 y uno de los promotores del motín en “Renovación I”. Ochoa exigía su traslado a otro centro penitenciario y reclamaba comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio, privilegios que le fueron retirados tras su traslado a la cárcel de máxima seguridad.
Estos traslados se produjeron luego del asesinato de siete personas en una funeraria de la capital, ocurrido en julio del año pasado, presuntamente perpetrado por miembros de la Mara Salvatrucha durante el velorio de un integrante de la pandilla rival Barrio 18.
Impacto social y contexto político clave
Como consecuencia de los ataques, las clases fueron suspendidas este lunes tanto en el sector público como privado. No obstante, el presidente indicó que el Gobierno espera mantener la rutina cotidiana de la población, pese al estado de sitio.
La crisis ocurre en un año clave para el sistema de justicia guatemalteco, ya que en los próximos meses se definirá al sustituto de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por corrupción desde hace cuatro años por la Unión Europea y Estados Unidos, así como la renovación de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país.
En su mensaje, Arévalo afirmó que el Gobierno tiene claro “quiénes están detrás” de esta escalada: “grupos que se benefician de la corrupción, que crecen en las sombras, que resisten y buscan infundir terror”, advirtiendo que 2026 será el año en que Guatemala recupere su sistema de justicia.
La realidad: violencia para frenar el cambio institucional
Diversos analistas coinciden en que esta nueva ola de violencia busca generar caos social y miedo, con el objetivo de bloquear los procesos de renovación judicial y las reformas institucionales establecidas por ley. La reacción violenta de las pandillas se interpreta como un intento de presionar políticamente al Estado y preservar redes de poder construidas durante años de impunidad.
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