Ciudad de México – 22 de enero de 2026 ADMX – Hay un debate permanente sobre cuál es el problema más grave de México. Para algunos, la corrupción estructural que, pese a los discursos y consignas del “no somos como los de antes”, no solo persiste, sino que se expande y se normaliza. Para otros, el debilitamiento de la democracia, acelerado por la desaparición de instituciones y organismos autónomos que funcionaban como contrapesos al poder presidencial. Y para muchos más, la violencia e inseguridad que devoran territorios enteros, obligando a negocios a cerrar y a familias a vivir bajo amenaza.

Sin embargo, hay un mal más profundo que explica por qué ninguno de esos problemas se resuelve: la impunidad.

La corrupción existe porque no hay consecuencias. Los políticos hacen negocios, reparten contratos, concesiones y privilegios porque no hay autoridad, juez ni fiscal que los detenga. El mensaje ha sido claro durante años: pertenecer al grupo correcto equivale a blindaje total.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esa protección se volvió política de Estado. El expresidente asumió que la “lealtad al movimiento” era un valor superior a cualquier falta administrativa, legal o ética. No hubo encarcelamientos, no hubo procesos reales, no hubo castigos. La corrupción fue útil como lema electoral, pero jamás como política pública.

El Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado y legislado antes de su llegada, fue desmontado bajo el argumento de que era “caro”. El resultado fue demoledor: cero combate real a la corrupción. Hoy emergen, uno a uno, los nuevos escándalos morenistas: contratos, huachicol, tierras, tráfico de influencias y redes de poder que se multiplican sin freno.

Ese legado no solo se mantiene: se prolonga

La presidenta Claudia Sheinbaum parece decidida a sostener el mismo manto protector, no solo sobre los corruptos, sino también sobre los incapaces. La impunidad ya no es una omisión: es una decisión política.

Ahí está el caso de Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración, bajo investigaciones por la tragedia del centro de detención en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. Lejos de enfrentar consecuencias, fue reciclado dentro de la Secretaría de Educación Pública. Un mensaje brutal: la negligencia mortal no inhabilita a nadie.

O el nombramiento de Josefa González Blanco como embajadora, pese a múltiples denuncias por acoso y maltrato laboral. La presidenta la defendió sin pudor afirmando que “hizo un buen trabajo”. ¿Buen trabajo para quién? ¿Con qué estándar?

El patrón se repite en Pemex, en el Infonavit, en el Senado, en gobiernos estatales. Casos visibles y otros que aún no salen a la luz. Nombres como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, exhiben una cercanía política que se traduce en protección institucional, incluso frente a señalamientos graves.

El encubrimiento no solo es corrupción: mata. Ahí están los trenes, ahí está el derrumbe del Metro de la Ciudad de México, ocurrido cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno. No hubo responsables, no hubo consecuencias. El Estado falló y se absolvió a sí mismo.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores ha llegado al extremo de utilizar el aparato judicial para encarcelar adversarios y críticos, como el rector universitario, sin sustento jurídico sólido. La ley como arma, no como límite.

Morena se ha convertido en sinónimo de encubrimiento. Una estructura que otorga credenciales casi automáticas para cometer faltas administrativas, legales e incluso criminales, sin que pase absolutamente nada. Todo en nombre de la unidad del movimiento, aun cuando el costo lo pagan los ciudadanos, el erario y vidas humanas.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, esa protección se volvió política de Estado. El expresidente asumió que la “lealtad al movimiento” era un valor superior a cualquier falta administrativa, legal o ética. No hubo encarcelamientos, no hubo procesos reales, no hubo castigos. La corrupción fue útil como lema electoral, pero jamás como política pública.

Y ahora, la presión externa se suma. Washington habla abiertamente de narcopolíticos. Se mencionan listas, nombres, expulsiones. ¿Quién los va a investigar en México? ¿Quién los va a procesar? ¿O se repetirá el guion del sexenio anterior: negarlo todo y proteger a todos?

El narcotráfico y el crimen organizado han penetrado la política mexicana sin distinción de partidos. La diferencia hoy es que el gobierno se niega siquiera a reconocerlo como problema propio.

La pregunta final no es ideológica. Es institucional. Es moral. Es histórica:

¿Y México, presidenta?

¿Va a gobernar para proteger un movimiento o para responder a los mexicanos?