*Que México haya sido llevado nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un accidente ni una exageración opositora. Es la consecuencia lógica de un proyecto político que decidió subordinar la justicia al poder y disfrazar el retroceso democrático con consignas populares.
La denuncia presentada en San José, Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, y el abogado Juan Marcos Gutiérrez González, no surge de la nada ni responde a un cálculo político coyuntural. Surge de una verdad jurídica incómoda que el oficialismo se niega a reconocer: México está incumpliendo sentencias internacionales firmes, compromisos que no dependen del humor de un presidente ni de la aritmética legislativa de turno, sino de obligaciones asumidas por el Estado mexicano ante el sistema interamericano de derechos humanos.
La 4T y el desprecio por los límites
Las reformas al Poder Judicial, los cambios a la Ley de Amparo y la militarización normalizada bajo el discurso de la seguridad no representan una modernización del Estado. Representan algo mucho más peligroso: la demolición de los contrapesos.
Elegir jueces por voto popular no es democratizar la justicia; es politizarla. Debilitar el amparo no es hacerlo “más eficiente”; es dejar indefenso al ciudadano frente al abuso del poder. Y cuando el poder ya no acepta ser limitado, el nombre correcto no es transformación: es autoritarismo.
Sentencias ignoradas, derechos pisoteados
Los casos Rosendo Radilla, Valentina Rosendo Cantú y Fernández Ortega no son anécdotas del pasado. Son recordatorios de hasta dónde puede llegar el Estado cuando no tiene frenos. La CIDH ordenó a México garantizar jueces independientes, recursos efectivos y reparación integral. Lo que hoy ocurre va exactamente en sentido contrario.
No es casualidad. La impunidad necesita jueces dóciles. La corrupción necesita instituciones débiles. El poder absoluto necesita tribunales que no estorben.
Claudia Sheinbaum y la herencia que eligió sostener
La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una oportunidad histórica de marcar distancia, corregir el rumbo y demostrar que gobernar no es proteger lealtades, sino defender instituciones. No lo hizo. Eligió sostener el andamiaje de encubrimiento, continuar la narrativa y blindar a los suyos, aun frente a una corrupción galopante y documentada.
Ahí están los hechos ocurridos bajo su administración y la del sexenio anterior: la compra de camionetas blindadas con valor superior a los dos millones de pesos para ministros de la Suprema Corte que se autodenominan “del pueblo”; las gollerías, privilegios y prebendas reservadas siempre para los cercanos a Morena; el caso de Adán Augusto López Hernández, vinculado al grupo criminal La Barredora y protegido por su cercanía personal con López Obrador, quien públicamente lo llamó “mi hermano”; y el huachicol fiscal, operado durante años con la participación de redes empresariales y la Secretaría de Marina, sin que existan responsables políticos sancionados.
Nada de esto fue corregido, investigado a fondo ni castigado. Por el contrario, se normalizó. La justicia selectiva, la protección sistemática a funcionarios cuestionados y el desprecio por la rendición de cuentas no son errores de gestión ni fallas administrativas: son decisiones políticas conscientes, orientadas a preservar un proyecto de poder aun a costa de la legalidad, la ética pública y la confianza ciudadana.
México ya no se juzga solo
Que este conflicto haya llegado a la CIDH significa algo grave: México perdió la autoridad moral para juzgarse a sí mismo. Cuando un Estado ignora sentencias internacionales, se coloca voluntariamente bajo el escrutinio externo.
La frase es dura, pero exacta: la justicia mexicana está en el banquillo de los acusados.
Y no por presiones extranjeras, sino por la soberbia interna de una mayoría legislativa construida a base de chantajes y prebendas. Una mayoría en el Senado que no se explicó únicamente en las urnas, sino —como ha sido documentado por medios nacionales e internacionales— mediante amenazas veladas de abrir carpetas de investigación, presiones políticas directas y el ofrecimiento de recompensas institucionales a quienes aceptaran alinearse. Castigo para quien disintiera; premio para quien obedeciera. Así, Morena consolidó una aritmética parlamentaria que algunos confunden con legitimidad democrática y que hoy se usa como licencia para desmantelar el Estado de derecho, subordinando la ley a la conveniencia del poder.
La ecuación Trump – México: poder, corrupción y narcotráfico
El deterioro institucional mexicano no ocurre en el vacío ni ha pasado desapercibido fuera del país. Desde los primeros días del nuevo gobierno de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos lanzó una acusación directa y sin precedentes: el gobierno mexicano mantiene vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, una situación que calificó como inaceptable para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Trump no lo dijo una sola vez. Lo ha reiterado en múltiples ocasiones, de forma pública y explícita, afirmando que cuando ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum una acción conjunta y firme contra los cárteles, la respuesta ha sido siempre la misma: miedo.
Miedo – según el propio Trump – no a la reacción criminal, sino a las consecuencias políticas internas de tocar intereses profundamente enquistados en el poder.
El señalamiento es grave y revela una ecuación peligrosa: actuar contra el narcotráfico implicaría exponer a altos dirigentes de Morena, funcionarios de primer nivel y redes de protección política que, durante años, han convivido con el crimen organizado. Para Trump, esa realidad explica la parálisis del gobierno mexicano; para México, confirma que la lucha contra el narcotráfico dejó de ser una prioridad de Estado y pasó a ser una amenaza para la supervivencia del proyecto político en el poder.
En este contexto, la negativa a actuar no obedece a una estrategia de seguridad alternativa ni a un enfoque soberano distinto. Obedece a una decisión política consciente: preservar el poder, aun cuando ello implique tolerar la infiltración criminal en la política, asumir el costo internacional y colocar al país bajo sospecha permanente.
Esta es la antesala del conflicto que hoy llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un Estado no puede o no quiere investigar a los suyos; cuando la justicia se somete al cálculo político; cuando combatir al crimen organizado significa dinamitar la base del poder, entonces el problema ya no es solo de seguridad: es estructural, democrático y jurídico.
Las preguntas que el poder no quiere responder por conveniencia politica
La CIDH tendrá que determinar si el Estado mexicano está violando compromisos internacionales que no son optativos ni negociables. Pero antes de ese fallo – y más allá de él – hay unas preguntas que no puede seguir evadiéndose dentro de México.
No son preguntas jurídicas. Son preguntas morales y políticas.
1.- ¿Queremos un país donde la ley limite al poder, o uno donde el poder capture la ley para blindarse?
2.- ¿Un país con jueces independientes, o uno con jueces obedientes?
3.- ¿Un Estado que persiga el crimen, o uno que lo tolere cuando tocarlo pone en riesgo al proyecto político?
Porque cuando la justicia se somete, no se cae en silencio: se derrumba con estruendo.
No cae solo para los opositores, los críticos o los incómodos. Cae para todos.
Y cuando un país normaliza la impunidad, cuando convierte la corrupción en método y el encubrimiento en política de Estado, ya no está discutiendo reformas: está decidiendo qué tipo de nación quiere ser.
Ese juicio – mucho antes que el de cualquier tribunal internacional – aunque MORENA y la presidenta Sheinbaum, no lo entiendan o lo entienden pero no les importa… ya está en curso. Y la historia será severá al juzgar
Ese juicio – mucho antes que el de cualquier tribunal internacional – ya está en marcha. Tal vez Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum no lo comprendan, o tal vez lo comprendan demasiado bien y hayan decidido ignorarlo por cálculo político.
Porque el poder suele creer que el presente es eterno. Que la fuerza sustituye a la razón. Que todo seguirá siendo igual y que los aplausos de hoy resonaran por siempre. Que la ley puede doblarse sin romperse.
Pero la historia no negocia, dicta sentenciade manera implacable. Y cuando lo hace, es severa con quienes confundieron gobernar con encubrir.
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