San José, 1 de febrero del 2026 -ADMX – *Laura Fernández se convirtió la noche del domingo 1 de febrero de 2026 en la nueva presidenta electa de Costa Rica, tras obtener un contundente 49.61 % de los votos en la primera ronda de las elecciones generales, con el 69.4 % de las mesas escrutadas. Este resultado representa una continuidad política clara, una respuesta al principal tema de preocupación ciudadana – la inseguridad – y un mensaje directo del electorado hacia la agenda de seguridad y orden público.

Fernández, politóloga de 39 años, especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, triunfó con un amplio margen sobre Álvaro Ramos, el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo aproximadamente 32.5 % de los votos.

Con este resultado, Fernández se convierte en la segunda mujer en la historia de Costa Rica en acceder a la Presidencia, luego de Laura Chinchilla, quien gobernó entre 2010 y 2014.

Una candidatura de continuidad política

La victoria de Fernández no es casualidad ni producto de una campaña aislada. Su carrera política estuvo estrechamente vinculada al gobierno del actual presidente Rodrigo Chaves Robles, a quien Fernández ha definido públicamente como su “heredera” y de cuya agenda pretende continuar e incluso ampliar su enfoque.

Durante meses, la campaña oficialista presentó a Fernández como la figura capaz de dar cohesión y continuidad a los proyectos impulsados por Chaves, a la vez que enfrentaba con firmeza los desafíos más urgentes que percibe la población: inseguridad, narcotráfico y violencia asociada.

La relación política entre ambos fue visible en actos de campaña y en la recepción del apoyo público de líderes y seguidores que corearon consignas como “¡Viva Chaves!”. Fernández incluso participó a finales de enero en la presentación de un documental centrado en la construcción política de Chaves, consolidando ese vínculo como base de su proyecto.

Fernández también ha señalado en diversas ocasiones que consideraría ofrecer a Chaves un cargo dentro de su gabinete, calificándolo de “un hombre brillante”. Esto, unido a las críticas sistemáticas tanto al Poder Judicial como al Legislativo por parte de la ganadora de las elecciones, apunta a una estrategia de gobierno que busca centralizar el discurso y el liderazgo.

Seguridad e inseguridad: el centro de la campaña

La inseguridad pública y el auge del narcotráfico fueron ejes centrales de la campaña electoral. Los costarricenses han colocado estos problemas en la cima de sus preocupaciones, y la candidata oficialista respondió con propuestas que, en varios casos, rozan medidas extraordinarias.

Entre las propuestas más polémicas y debatidas se encuentra la idea de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas y el levantamiento de garantías constitucionales, una medida que, según Fernández, permitiría sacar de circulación a criminales “identificados, en qué barrio viven y cómo se mueven”.

“No me va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar para retomar la paz en los hogares de Costa Rica, que están llenos de gente buena…”, afirmó Fernández en una de sus intervenciones de campaña, subrayando su disposición a utilizar todas las herramientas constitucionales disponibles para enfrentar el crimen.

El levantamiento de garantías es un mecanismo que figura en la Constitución Política costarricense, y Fernández ha sostenido que, aplicado con procedimientos especiales y extraordinarios, puede ser un instrumento legítimo para combatir la criminalidad organizada.

Mayoría legislativa y reformas estructurales

La candidata oficialista no solo apuntó a la Presidencia, sino también a la consolidación de una mayoría en la Asamblea Legislativa. Uno de los objetivos explícitos de su partido, Partido Pueblo Soberano, era lograr 40 de los 57 escaños legislativos, con el fin de facilitar la aprobación de reformas al Poder Judicial, el endurecimiento de leyes y la promoción de iniciativas estructurales sin bloqueos significativos.

Figuras destacadas del entorno de Fernández, como Nogui Acosta y la asesora cercana a Chaves, la diputada Pilar Cisneros, han mencionado como objetivo incluso la promoción de una reforma constitucional para permitir la reelección consecutiva. Esta propuesta ha generado fuertes debates, pues varios candidatos rivales y expertos han señalado que podría representar un riesgo para la separación de poderes y el equilibrio institucional.

Críticas y advertencias sobre tendencias autoritarias

Las promesas de mano dura, el uso intensivo del discurso de seguridad y las propuestas de levantar garantías constitucionales han sido objeto de críticas, tanto dentro como fuera del espectro político oficialista. Oponentes como Ariel Robles, candidato de izquierda, han advertido sobre el peligro de tendencias autoritarias que podrían erosionar libertades civiles y debilitar contrapesos institucionales si no se establecen límites claros.

“Esto es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática, que yo siempre voy a cuidar”, declaró Fernández el mismo domingo electoral, en un intento por abrazar la narrativa de defensa del sistema democrático, incluso mientras critica fuertemente órganos del Estado.

Proyectos de gobierno y prioridades públicas

Más allá del eje prioritario de la seguridad, Fernández ha prometido continuar y fortalecer proyectos emblemáticos del gobierno saliente, como:

1.- Ciudad Gobierno, un complejo de edificios para instituciones públicas

2.- Desarrollo estratégico de infraestructura vial y carreteras

3.- Proyectos en el Caribe orientados a fortalecer la economía local y el turismo

4.- Posibles impulsos a políticas públicas con enfoque en eficiencia institucional

Estas propuestas apuntan a consolidar una visión de gobierno que combine mano dura en seguridad con continuidad de políticas iniciadas por Chaves, integrando una agenda que busca recalcar orden, desarrollo y estabilidad.

Una presidencia histórica en medio de incertidumbres

La elección de Laura Fernández no solo es relevante por ser la segunda mujer presidenta en la historia de Costa Rica, sino también por el mensaje político que envía el electorado: priorizar seguridad y continuidad por encima de fragmentaciones partidarias y propuestas alternativas, en un contexto donde el sistema político tradicional estaba debilitado.

Este resultado marca un punto de inflexión en la política costarricense, obligando tanto a aliados como a críticos a repensar el rol del Estado, la relación entre poderes y la manera en que se enfrenta la inseguridad estructural que preocupa a la población.

El camino de Fernández será observado con atención no solo dentro de Costa Rica, sino en toda la región, ya que el país, históricamente visto como un modelo de estabilidad democrática, enfrenta ahora un reto que combina mano dura, transformaciones institucionales y grandes expectativas sociales.