*En los últimos meses, lo que podría haber sido un ejercicio técnico de revisión de cargos públicos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica terminó convertido en una trama de calcificación política, cálculos de poder y manejo deliberado de los tiempos por parte de una dirección legislativa en descrédito.

En el centro de este episodio está la diputada Ada Acuña, quien desde mediados de 2025 ha venido denunciando posibles irregularidades y nombramientos al margen de la ley dentro del Congreso, y quien – ante la falta de respuesta de la propia Asamblea – se vio obligada a recurrir a la Sala Constitucional para exigir transparencia y cumplimiento de los plazos legales.

De la denuncia política al amparo constitucional

La diputada Acuña solicitó a la administración de la Asamblea Legislativa detalles sobre 31 plazas – puestos de trabajo que incluían asesores, secretarias y choferes – ante dudas de nombramientos irregulares que implicarían influencia de distintas fracciones políticas.

La respuesta del órgano legislativo fue lenta, burocrática y – según los magistrados de la Sala – artificialmente extendida hasta febrero de 2026, justo cuando la actual Asamblea estaría concluyendo su periodo y cuando el tiempo corría en favor de quienes querían ocultar información más que compartirla con el escrutinio ciudadano.

Ante esa dilación – interpretada como una maniobra para burlar transparencia antes de la entrada de una nueva legislatura tras las elecciones que favorecieron al Partido Pueblo Soberano y la futura presidenta Laura Fernández – la Sala Constitucional consideró que no existía justificación lógica para esos prolongados plazos y decretó que la información debe entregarse en 10 días hábiles.

Cálculo político tras la postergación: ¿una Asamblea en modo “pellizco”?

El cálculo detrás de ese intento de alargar plazos no es menor: el 1 de mayo de 2026 asume un nuevo periodo legislativo, con diputados electos que han señalado una agenda de mayor fiscalización y exigencia de rendición de cuentas al antiguo Directorio de la Asamblea. Para algunos observadores políticos, la estrategia de prolongar la entrega de información buscaba evitar revelaciones delicadas, reducir la posibilidad de escrutinio parlamentario posterior y permitir que ciertos actos administrativos quedaran cerrados o amortiguados antes de la transición.

Ese cálculo, además de ser político, revela una lectura precisa de los tiempos: si un órgano legislativo puede discutir el acceso a la información por meses, entonces puede también manejar otros asuntos clave con la misma lógica de tiempo como herramienta de impunidad.

Presuntos nombramientos ilegales bajo investigación

A esa trama se suman denuncias y procesos judiciales abiertos por la Fiscalía General de la República contra el directorio legislativo y algunos de sus miembros por presuntos delitos vinculados a nombramientos ilegales, incluyendo la causa penal 26-000014-0033-PE, en la que figuras como Rodrigo Arias Sánchez (presidente de la Asamblea Legislativa), la primera secretaria del Directorio y otros miembros están siendo investigados por el presunto delito de nombramiento ilegal de personal sin concurso y fuera de plazo.

Desde diciembre de 2025, trascendió que la Asamblea intentó otorgar 190 plazas en propiedad de forma extemporánea, alegando la aplicación de un transitorio de la Ley Marco de Empleo Público cuya vigencia ya había expirado. El Directorio legislativo negó inicialmente haber avalado esos nombramientos de forma irregular; sin embargo, las investigaciones penales siguieron su curso.

Auditoría interna y advertencias legales ignoradas

La polémica no solo ha llegado a estrados judiciales. Presidencias de fracción y direcciones internas de la Asamblea han recibido advertencias de la Auditoría Interna y de la Dirección de Recursos Humanos sobre las contrariedades legales de esos procedimientos de nombramiento. En algunos casos, se alertó que aplicar un transitorio ya vencido podría configurar vicios graves en el acto administrativo, pero esos avisos fueron desoídos en favor de decisiones adoptadas bajo lógica política más que técnica.

De los límites de la legalidad al cuestionamiento ético

La situación ha generado un choque directo entre la interpretación política del manejo de plazas públicas y la exigencia constitucional de transparencia, igualdad de oportunidades y cumplimiento de normas claras para los nombramientos.

Acuña misma, en denuncias previas, denunció prácticas donde “hijos, esposos y hermanos… familiares de funcionarios y diputados” se habrían beneficiado de nombramientos irregulares en el Congreso, en un contexto que para muchos es sinónimo de clientelismo político disfrazado de procesos administrativos.

Qué revela este episodio:

1.- La política del tiempo como herramienta de opacidad institucional: extender plazos más allá de lo razonable no solo impide el acceso a la información, sino que reduce la probabilidad de escrutinio público y facilita que actos administrativos cuestionables queden sin responsabilidad clara.

2.- El cálculo político previo a transiciones: ir más allá de lo estrictamente legal para aprovechar periodos interinos y vacíos institucionales puede ser un simbolismo del desgaste de la cultura de transparencia que debería regir en una república.

3.- Un señalamiento claro contra prácticas administrativas impropias: cuando la Fiscalía investiga nombramientos irregulares y la Sala Constitucional interviene para acotar las dilaciones, queda claro que hay tensiones entre lo administrativo y lo político, y que esa tensión es parte de la vigilancia democrática.

Conclusión

Lo que en apariencia parecía un trámite de información terminó siendo un espejo donde se refleja el choque entre rendición de cuentas y cálculo político. La apelación de Ada Acuña ante la Sala IV y el fallo que obliga a la Asamblea Legislativa a entregar la información que estaba siendo retrasada muestran algo elemental: no puede haber democracia si la transparencia se deja al arbitrio de los tiempos políticos.

El derecho de acceso a la información pública no puede ser una simple variable administrativa en función de la conveniencia de grupos de poder. Debe ser un mandato constitucional con aplicación inmediata, sin excusas, sin demoras y sin cálculos perversos.