*La reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele elimina la prohibición de penas perpetuas y marca un nuevo endurecimiento en la política de seguridad del país, en medio de críticas internacionales por presuntas violaciones a derechos humanos.

San Salvador, 18 marzo del 2026 – ADMX – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la aplicación de cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, en una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele.

La iniciativa fue respaldada por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de su presentación, y elimina la prohibición de las denominadas “penas perpetuas” en el país.

“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, establece el texto aprobado por el Congreso.

Hasta ahora, la condena máxima en El Salvador era de 60 años de prisión, con posibilidad de reducción de sentencia.

Endurecimiento de la política de seguridad

La reforma se enmarca en la estrategia del gobierno salvadoreño en su lucha contra las pandillas, en un país que ha sido escenario de una de las ofensivas más agresivas contra estructuras criminales en la región.

La vicepresidenta parlamentaria Suecy Callejas señaló que el objetivo es que los criminales “no salgan a la calle y cumplan su pena para siempre”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los grupos pandilleros.

Contexto: régimen de excepción y cifras históricas

La reforma se aprueba a pocos días de cumplirse cuatro años del régimen de excepción, una de las principales herramientas del gobierno de Bukele para enfrentar la criminalidad.

Bajo este régimen, más de 91.500 personas han sido detenidas, muchas de ellas acusadas de pertenecer o colaborar con pandillas.

Según datos del World Prison Brief, El Salvador registra aproximadamente 1.700 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en el país con mayor tasa de encarcelamiento del mundo.

El gobierno sostiene que estas medidas han permitido reducir los homicidios a mínimos históricos, debilitando estructuras como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador.

Críticas y señalamientos internacionales

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la política de seguridad del gobierno salvadoreño.

Diversas oenegés han señalado posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones sin orden judicial, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia.

La organización Socorro Jurídico asegura que al menos 500 personas han muerto en prisión durante el régimen de excepción, y que un alto porcentaje de ellas no tendría vínculos comprobados con pandillas.

Asimismo, organismos internacionales han advertido sobre el uso de juicios masivos, en los cuales los detenidos son procesados en grupos según supuesta pertenencia a estructuras criminales.

La abogada penalista Roxana Cardona advirtió que, con la implementación de la cadena perpetua, los centros penitenciarios podrían convertirse en “pozos humanos”, y alertó sobre el riesgo de afectar a personas inocentes.

Por su parte, organizaciones como Human Rights Watch y otros colectivos han denunciado casos de desapariciones forzadas y restricciones a defensores de derechos humanos.

Un modelo que genera debate en la región

El modelo de seguridad impulsado por Bukele ha sido referenciado y observado por otros países de América Latina, algunos de los cuales enfrentan crisis similares de violencia y crimen organizado.

Sin embargo, el endurecimiento de las penas y las medidas excepcionales han abierto un debate regional sobre el equilibrio entre:

1.- Seguridad y derechos humanos

2.- Castigo y reinserción social

3.- Control estatal y garantías individuales

El gobierno salvadoreño ha defendido su estrategia, señalando que las críticas provienen de organizaciones que, según su postura, “defienden criminales”.