*Ricardo Anaya afirma que abandonar nuevamente la gubernatura es “absolutamente insuficiente” y exige que Rubén Rocha Moya sea detenido y enfrente el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos. El gobernador está formalmente acusado en Nueva York, pero los cargos continúan siendo alegaciones que deberán demostrarse ante un tribunal.

Ciudad de México – 26 de agosto 2026 – ADMX – Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura de Sinaloa después de más de tres meses separado del cargo y apenas unas 34 horas después volvió a solicitar licencia por tiempo indefinido. La breve reincorporación fue suficiente para provocar una nueva crisis política alrededor de un gobernador que desde abril enfrenta una acusación federal en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Su salida, sin embargo, no ha cerrado el caso. El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, considera que la nueva licencia es “absolutamente insuficiente” y exige que México ejecute la solicitud estadounidense de detención provisional con fines de extradición.

“Rocha Moya tiene que enfrentar la justicia. Rocha debe ser detenido y debe ser extraditado”, declaró Anaya el pasado 24 de agosto en el Senado mexicano.

Pero entre el discurso político, la acusación estadounidense y la respuesta del Gobierno mexicano existen diferencias jurídicas que es necesario mantener claras.

Lo que Estados Unidos realmente ha hecho

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios o exfuncionarios mexicanos. El expediente incluye también al senador Enrique Inzunza Cázarez, al exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz Vega y a otras figuras de las estructuras políticas y de seguridad de ese estado.

A Rocha Moya se le acusa de conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración relacionada con esas armas.

La fiscalía estadounidense sostiene que Rocha y otros acusados colaboraron con Los Chapitos y que, a cambio de sobornos y apoyo político, habrían utilizado posiciones gubernamentales para facilitar las operaciones del grupo criminal. En particular, la acusación afirma que Los Chapitos habrían apoyado la elección de Rocha en 2021 mediante intimidación, secuestro de adversarios y otras acciones y que, después de asumir la gubernatura, el político habría contribuido a garantizarles protección institucional.

Pero existe una precisión indispensable: todo ello forma parte de una acusación penal estadounidense. El propio Departamento de Justicia advierte expresamente que los cargos contenidos en el expediente son únicamente acusaciones y que los imputados se presumen inocentes mientras no sean declarados culpables. Ese principio debe mantenerse independientemente de la gravedad de los señalamientos.

El extraño regreso que duró poco más de un día

Rocha Moya había solicitado licencia en mayo, después de conocerse la acusación estadounidense. El pasado 21 de agosto anunció su reincorporación al Gobierno de Sinaloa después de 112 días separado del cargo. La decisión provocó inmediatamente cuestionamientos incluso dentro del oficialismo. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró posteriormente que el regreso no le parecía pertinente y sostuvo que Rocha había tomado la decisión sin consultarla. Morena y otros sectores aliados también se distanciaron públicamente de la reincorporación. Apenas unas 34 horas después, el pasado 22 de agosto, Rocha envió una nueva solicitud de licencia temporal con carácter indefinido al Congreso estatal. La petición fue posteriormente aprobada.

El episodio dejó una imagen políticamente difícil de ignorar: Rocha regresó al poder, encontró rechazo incluso dentro de su propio movimiento, del gobierno mismo, de los senadores y volvió a abandonarlo poco más de un día después.

Ricardo Anaya: “No basta con que haya vuelto a pedir licencia”

Para Ricardo Anaya, la separación del cargo no resuelve la cuestión principal.

El coordinador del PAN en el Senado recordó que existe una acusación estadounidense, una orden judicial y una solicitud para detener provisionalmente a Rocha con fines de extradición.

“Hay que recordar cómo llegamos hasta aquí. Un gran jurado en Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, una jueza federal giró una orden de aprehensión y el gobierno de ese país solicitó formalmente su detención provisional con fines de extradición”, afirmó.

Anaya exige dos medidas

La primera es la detención de Rocha Moya y el inicio del procedimiento correspondiente para determinar si procede su extradición. La segunda es considerablemente más profunda: la desaparición de poderes en Sinaloa.

Según el senador panista, las acusaciones sobre participación del crimen organizado no afectarían únicamente la elección del gobernador, sino también otros procesos políticos e institucionales del estado. El PAN ya había planteado desde mayo la desaparición de poderes y la detención con fines de extradición de Rocha Moya.

Sin embargo, se trata de una posición y una exigencia política del PAN, no de una resolución adoptada hasta ahora por el Senado.

El plazo de 60 días del que habla Anaya

Una parte particularmente importante de las declaraciones del senador corresponde al mecanismo de extradición entre México y Estados Unidos. Anaya sostiene que, ejecutada una detención provisional, comenzaría un plazo de 60 días para que Estados Unidos entregue formalmente la documentación necesaria para sostener la solicitud.

La existencia de ese plazo no es una invención política

La Suprema Corte mexicana ha señalado previamente que los 60 días naturales se refieren específicamente a la detención provisional dentro de un procedimiento de extradición. Además, las normas estadounidenses sobre extradiciones explican que la detención provisional se utiliza precisamente para evitar la fuga de la persona mientras el Estado solicitante prepara la petición formal y sus documentos probatorios; los tratados suelen establecer ventanas de entre 40 y 60 días. Sin embargo, que exista ese procedimiento no significa que la extradición sea automática. La detención provisional, el análisis de la documentación y una eventual extradición son etapas diferentes.

Por eso incluso el propio Anaya formula su planteamiento en términos condicionales: recibir las pruebas y, si resultan contundentes dentro del procedimiento correspondiente, proceder posteriormente a la extradición.

Cuén, Gárate y las elecciones: aquí hay que separar acusaciones

Anaya sostiene que existen “pruebas en abundancia” y menciona, entre otros elementos, el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el secuestro de la diputada Paola Gárate y los acontecimientos registrados durante las elecciones sinaloenses. Pero hay que distinguir esas declaraciones de lo que contiene formalmente la acusación estadounidense. El expediente del Departamento de Justicia sí incluye acusaciones relacionadas con intimidación electoral, secuestro de opositores, robo de boletas y utilización de estructuras policiales en beneficio de Los Chapitos. Sin embargo, los nombres de Cuén y Gárate no aparecen identificados de esa manera en la acusación pública del Departamento de Justicia que revisó ADMX. Por tanto, cuando Anaya utiliza esos casos como parte de las “pruebas” contra Rocha Moya, estamos ante la argumentación del senador y del PAN.

¿Morena protege a Rocha?

Anaya sostiene que Morena continúa protegiéndolo. “Lo único que no quieren es que esté en el cargo, porque al parecer eso les complica la relación con Estados Unidos, pero Morena sigue protegiendo a Rocha Moya”, afirmó. Es una acusación política grave.

Pero los acontecimientos de los últimos días presentan un escenario más complejo que una protección uniforme. La presidenta Sheinbaum cuestionó públicamente su reincorporación, Morena se distanció de la decisión y numerosos gobernadores oficialistas cerraron filas con la presidenta, no con Rocha. Eso no resuelve la discusión sobre por qué México no ha ejecutado la petición estadounidense ni determina si existe o no protección política. Pero sí impide sostener, sin matices, que todo el oficialismo se encuentra actualmente defendiendo su permanencia en el poder. De hecho, ya no permanece en él.

Graciela Domínguez sustituye a Rocha Moya

La crisis política produjo finalmente un relevo. El 25 de agosto, el Congreso del Estado de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava gobernadora interina, con 31 votos a favor y seis en contra. Domínguez permanecerá al frente del Ejecutivo estatal durante el resto del periodo constitucional, que concluye el 31 de octubre de 2027.

En su primer mensaje afirmó que su prioridad será recuperar la paz, fortalecer las instituciones y reconstruir la confianza de los sinaloenses. La designación prácticamente cierra, por ahora, la discusión sobre un eventual nuevo regreso de Rocha a la administración estatal. Pero no cierra el problema judicial: La licencia no responde la pregunta principal Ahí Ricardo Anaya tiene un argumento que, independientemente de la posición política desde la cual lo formula, merece ser analizado: dejar la gubernatura y enfrentar una acusación penal son dos asuntos diferentes. La licencia elimina temporalmente – y ahora previsiblemente hasta el final del periodo – el problema político de tener a un gobernador en funciones acusado en Estados Unidos. Pero no resuelve la acusación. Tampoco determina su culpabilidad. Rubén Rocha Moya sigue rechazando los cargos y Estados Unidos tendrá que sostener judicialmente aquello que afirma en el expediente.

La presunción de inocencia continúa vigente

Al mismo tiempo, una acusación formal presentada por fiscales federales, aprobada mediante el procedimiento de un gran jurado y convertida en un caso ante una corte estadounidense tampoco puede reducirse simplemente a un rumor político. Existe un expediente. Existen cargos. Existe un procedimiento internacional en disputa. Y existe una decisión todavía pendiente sobre qué hará México frente a él.

¿Soberanía o cumplimiento de un tratado?

Esta podría convertirse en una de las discusiones centrales del caso. Desde el oficialismo se ha invocado reiteradamente la soberanía mexicana y se han reclamado pruebas a Washington. La defensa de la soberanía es legítima. Pero México y Estados Unidos también mantienen un tratado de extradición, precisamente para establecer procedimientos jurídicos cuando uno de los dos países solicita la entrega de una persona reclamada por sus tribunales. La discusión, entonces, no debería reducirse a dos extremos:

“Entregarlo porque Estados Unidos lo exige” o “rechazarlo porque México es soberano”. La pregunta jurídica es otra: ¿Se cumplen o no los requisitos establecidos por el tratado y por la legislación mexicana para proceder? Si se cumplen, deberá aplicarse el derecho. Si no se cumplen, Washington deberá aportar lo necesario.

Este debate debe resolverse con documentos y tribunales, no con consignas partidistas.

Una crisis que ya dejó consecuencias políticas

Rocha Moya regresó. Treinta y cuatro horas después volvió a marcharse. El Congreso ya nombró a su sustituta. Pero detrás de ese episodio permanece una acusación de enorme gravedad: un gobernador mexicano electo está acusado por la justicia estadounidense de haber utilizado el poder político para favorecer a una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Estados Unidos deberá probarlo. Rocha tiene derecho a defenderse.

México tiene derecho a exigir que cualquier procedimiento respete sus leyes y los acuerdos internacionales que ha suscrito. Y la oposición tiene derecho a exigir responsabilidades, aunque sus acusaciones políticas tampoco deben convertirse automáticamente en hechos demostrados. Lo que no parece sostenible es tratar el asunto como si la nueva licencia hubiera borrado el expediente.

Rubén Rocha Moya ya no gobierna Sinaloa. La pregunta ahora es si terminará enfrentando solamente el juicio de la política mexicana o también el de un tribunal estadounidense.