*El Gobierno costarricense impulsa leyes contra el crimen organizado, fortalece mecanismos de inteligencia y promete expulsar de las instituciones a los funcionarios vinculados con corrupción o estructuras criminales. Los recientes casos dentro de Fuerza Pública y Migración vuelven a poner a prueba esa política.

San José, Costa Rica – 11 de septiembre del 2026 – ADMX – El Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado ha colocado la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción dentro de las instituciones públicas entre los ejes centrales de su política de seguridad. El mensaje utilizado desde el Poder Ejecutivo es directo: “cero tolerancia”.

No se trata únicamente de endurecer las acciones contra organizaciones criminales externas. La estrategia anunciada por el Gobierno incluye también la depuración de los propios cuerpos policiales cuando existan investigaciones o pruebas de posibles actos de corrupción. La posición adquiere especial relevancia después de varios casos recientes que involucran a funcionarios públicos y policías.

Este pasado jueves 10 de septiembre, una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería fue detenida en Limón como sospechosa de haber utilizado su cargo para efectuar irregularmente la renovación del documento migratorio de una mujer vinculada sentimentalmente con uno de los presuntos líderes de la organización criminal conocida como “La H” o “Los Hondureños”. La funcionaria permanece sometida al proceso correspondiente y mantiene la presunción de inocencia mientras los tribunales no determinen su responsabilidad.

El caso aparece ahora como una nueva prueba para una política gubernamental que promete actuar también cuando las sospechas nacen dentro del propio Estado.

Un paquete de mano dura contra el crimen

El 15 de junio de 2026, Fernández presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de seis proyectos que la propia Presidencia denominó de “mano dura contra el crimen”.

Las iniciativas contemplan medidas contra la reincidencia delictiva, la utilización de pistas de aterrizaje, la pertenencia a organizaciones criminales y otras áreas relacionadas con seguridad pública y sistema penitenciario. Entre ellas se encuentran:

1.- Ley contra la reincidencia delictiva

2.- Iniciativa para inhabilitar pistas de aterrizaje

3.- Proyecto denominado “cero ocio” en las cárceles

4.- Sanciones por pertenencia a organizaciones criminales

5.- Ley Gerson Rosales de protección a víctimas y servidores policiales

6.- Disposiciones sobre seguridad nacional, registral y archivos judiciales

Fernández pidió entonces a los diputados actuar rápidamente y aseguró que su Gobierno respaldaría tanto a las víctimas como a los policías encargados de enfrentar a las organizaciones criminales. Parte importante de esas propuestas todavía depende del trámite legislativo. Por tanto, existe una diferencia que debe mantenerse clara: una política anunciada y un proyecto presentado no equivalen automáticamente a una ley aprobada ni permiten atribuir resultados que todavía deberán ser medidos.

“Fuerza Élite” y la coordinación contra el crimen organizado

La administración Fernández también creó un espacio de coordinación denominado Fuerza Élite, integrado por autoridades responsables de distintas áreas de seguridad nacional.

La aplicación del polígrafo tuvo consecuencias dentro de los propios mandos policiales. De 33 funcionarios evaluados, siete directores policiales no superaron la prueba y fueron separados de sus puestos de confianza por orden de la presidenta Laura Fernández.

Las evaluaciones incluyeron preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y la eventual recepción de beneficios ilícitos en el ejercicio de sus funciones. Fernández ordenó además abrir investigaciones preliminares sobre los siete funcionarios. Días antes, durante la tercera sesión de Fuerza Élite, los ministros de Justicia y Comunicación y el director de la DIS se habían sometido satisfactoriamente al mismo mecanismo.

En aquella reunión, el Gobierno también anunció una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería destinada a cerrar portillos que, según el Ejecutivo, facilitan el ingreso recurrente de personas relacionadas con estructuras criminales transnacionales. Este punto cobra particular importancia después del caso conocido este pasado jueves 10 de septiembre en Migración. Si el planteamiento gubernamental es impedir que las estructuras criminales encuentren espacios dentro de las instituciones del Estado, los casos que involucren a funcionarios públicos deberán convertirse precisamente en uno de los indicadores para medir la profundidad de esa política.

“Que caiga el que tenga que caer”

El discurso presidencial se endureció aún más después de que trascendiera la existencia de investigaciones sobre policías presuntamente relacionados con actividades criminales. Fernández respaldó públicamente una política de “cero tolerancia” contra la corrupción policial y afirmó que las investigaciones debían avanzar sin importar quién resultara involucrado. “Que caiga el que tenga que caer”, afirmó la mandataria al defender la depuración interna, al tiempo que sostuvo que los funcionarios bajo sospecha representan una minoría frente a miles de policías que cumplen honestamente su labor.

El Gobierno también habilitó mecanismos para recibir denuncias anónimas relacionadas con posibles actos de corrupción policial y pidió fortalecer las investigaciones antes de remitir los casos al Ministerio Público.

 La diferencia es fundamental: investigar no significa condenar. Las autoridades deberán demostrar cada acusación mediante evidencia y respetar el debido proceso de los funcionarios investigados. Esa misma obligación debe acompañar cualquier política de depuración institucional.

Cinco policías despedidos

El discurso comenzó a traducirse también y de inmediato en decisiones administrativas y es asi como el 4 de septiembre, el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre el despido sin responsabilidad patronal de cinco oficiales de Fuerza Pública después de procedimientos disciplinarios relacionados con presuntas conductas ilícitas. Cuatro de los funcionarios estaban destacados en Santa Cruz, Guanacaste, y eran investigados por hechos relacionados con el supuesto ingreso irregular a una vivienda y la sustracción de un arma. Una quinta funcionaria, destinada en Coto Brus, permanecía bajo investigación por presuntamente suministrar información telefónica a una persona señalada como narcotraficante.

El Ministerio presentó los despidos como parte de su política de cero tolerancia a la corrupción. Un día después, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, resumió la posición gubernamental con una frase directa: “Esta Policía la vamos a limpiar”. Campos aseguró que el crimen organizado constituye el principal enemigo de las autoridades y reiteró que no se tolerarán funcionarios que utilicen su posición para favorecer actividades ilícitas.

El caso Migración amplía el desafío

La detención de una funcionaria de Migración introduce ahora un nuevo componente.

Según la investigación, la mujer habría incorporado documentación y datos falsos al sistema institucional para renovar irregularmente el DIMEX de una ciudadana nicaragüense. Las autoridades señalan que esa mujer mantiene una relación sentimental con un hombre identificado como uno de los presuntos dirigentes de “La H”, organización transnacional asentada en Limón. La funcionaria fue presentada ante el Ministerio Público para que se determine su situación jurídica. El caso todavía está en investigación.

Pero políticamente plantea una cuestión relevante para el Gobierno: ¿hasta dónde está dispuesto a llevar su política de depuración cuando las sospechas alcanzan a funcionarios de instituciones encargadas precisamente de proteger las fronteras y controlar el ingreso y permanencia de extranjeros en el país?

La respuesta deberá observarse no solamente en los discursos, sino en las investigaciones, procedimientos administrativos, eventuales acusaciones y sentencias que resulten de cada caso.

Del rechazo de la Corte al Caso Pococí: el debate cambio su rumbo

La presidenta Laura Fernández ha extendido su advertencia sobre la penetración del crimen organizado más allá de los cuerpos policiales y ha señalado directamente al Poder Judicial. El pasado 1.º de julio, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, Fernández aseguró que el crimen organizado y el narcotráfico se estaban introduciendo “hasta los tuétanos” del Poder Judicial. La reacción institucional fue inmediata: la Corte Plena rechazó categóricamente las afirmaciones, las consideró señalamientos generales y pidió a la mandataria presentar ante las autoridades competentes cualquier prueba o denuncia concreta que tuviera en su poder.

Posteriormente, la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, volvió a rechazar que pudiera hablarse de una infiltración del crimen organizado en la institución y argumentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa que los casos conocidos no representaban al conjunto del Poder Judicial. Sin embargo, durante las semanas posteriores comenzaron a salir a la luz investigaciones que dieron una nueva dimensión al debate.

El caso Pococí

El 1.º de septiembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la detención de dos jueces del Juzgado Penal de Pococí y una funcionaria del Organismo de Investigación Judicial, dentro de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con personas vinculadas a la estructura criminal de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. Uno de los principales investigados es el juez Valverde López.

Documentos de la investigación judicial señalan que el funcionario habría mantenido una relación cercana e íntima con Arias Monge, hermana de “Diablo”, y que algunos de esos encuentros habrían ocurrido dentro de su propio despacho en los Tribunales de Justicia de Guápiles. La Fiscalía investiga incluso si el juez recibió favores sexuales a cambio de suministrar información relacionada con causas judiciales de interés para personas vinculadas con la organización criminal. La orden de allanamiento consigna presuntos encuentros sexuales dentro de la oficina judicial y la Fiscalía atribuye al funcionario posibles conductas relacionadas con procuración de impunidad, incumplimiento de deberes, cohecho, peculado, divulgación de secretos y otros delitos.

Todas estas imputaciones deberán ser demostradas judicialmente y los investigados mantienen la presunción de inocencia.

La investigación también reveló un segundo episodio de utilización presuntamente impropia de oficinas judiciales: una funcionaria del OIJ detenida dentro de la misma causa habría utilizado su despacho para actos de carácter sexual, incluso con un funcionario subordinado. Por ello, más que convertir el asunto en el calificativo fácil de que los tribunales funcionaban “como motel”, el dato relevante para efectos institucionales es otro: una investigación penal encontró indicios de utilización de instalaciones públicas para fines privados mientras simultáneamente se investigaban posibles actos de corrupción y favorecimiento criminal.

El mismo juez que dejó en libertad a “Diablo” en 2016

Existe además un antecedente que aumenta considerablemente la relevancia del caso: el juez Valverde López es el mismo funcionario judicial que en octubre de 2016 levantó la prisión preventiva que pesaba sobre Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, cuando este era investigado por homicidio calificado. El juez sustituyó la prisión preventiva por medidas cautelares no privativas de libertad. Después de recuperar su libertad, Arias dejó de someterse al proceso y permaneció prófugo durante casi una década, hasta convertirse en uno de los hombres más buscados de Costa Rica.

Este antecedente debe manejarse con especial rigurosidad: que Valverde haya dejado en libertad a “Diablo” en 2016 no demuestra por sí solo que aquella resolución haya sido producto de corrupción. Esto deberá comprobarse.

Pero el dato adquiere indudable relevancia pública ahora que el mismo juez es investigado por presuntamente favorecer a personas pertenecientes o vinculadas con la estructura del narcotraficante y por mantener una relación con su hermana.

Es precisamente la investigación judicial la que deberá establecer con certeza, si existe alguna relación ilícita entre esos hechos o si se trata de circunstancias jurídicamente independientes.

Los hechos posteriores obligan a reabrir la discusión

Los casos conocidos después de julio no permiten afirmar automáticamente que los más de 13.000 funcionarios del Poder Judicial formen parte de una estructura penetrada por el narcotráfico. Hacerlo sería una generalización sin sustento. Pero tampoco resulta correcto analizar hoy las declaraciones de Fernández únicamente desde la respuesta institucional emitida dos meses atrás.

Desde entonces, se han dado a conocer de manera pública muchos casos que involucran a funcionarios del Poder Judicial, siendo el más reciente y mediático; el de dos jueces y una funcionaria del OIJ que fueron detenidos dentro de una investigación por presunto favorecimiento a la estructura de “Diablo”; uno de esos jueces aparece señalado por la Fiscalía como posible proveedor de información y asesoramiento a personas vinculadas con esa organización; y ese mismo funcionario había intervenido años atrás en la causa que permitió a Arias Monge recuperar su libertad.

Los acontecimientos posteriores, por tanto, no prueban por sí solos la dimensión institucional que Fernández atribuye al problema, pero sí proporcionan hechos concretos y verificables, que hacen más difícil reducir su advertencia a una acusación política carente de cualquier sustento. La realidad está mostrando la realidad de Costa Rica en cuanto a la penetración del narcotráfico y el crimen organizado.

La propia Presidenta volvió sobre el tema este pasado 9 de septiembre.

Fernández afirmó nuevamente que el narcotráfico se había introducido “hasta los tuétanos” tanto en el Poder Judicial como en cuerpos policiales del Ejecutivo y sostuvo que el primer requisito para combatir el fenómeno es reconocer su existencia. También pidió valorar mecanismos de rotación para fiscales y jueces similares a los que ordenó establecer en cuerpos policiales, con el argumento de impedir la creación de vínculos permanentes entre funcionarios y estructuras criminales.

El fiscal general, Carlo Díaz, respondió que corresponde a cada jerarca adoptar dentro de su ámbito las medidas administrativas necesarias para prevenir la corrupción.

El debate, por tanto, ya no debería centrarse únicamente en determinar quién ganó una confrontación verbal entre Casa Presidencial y la Corte. La pregunta de fondo es mucho más importante: ¿Hasta qué punto han conseguido las organizaciones criminales establecer contactos, obtener información o encontrar colaboración dentro de las instituciones encargadas precisamente de investigarlas y juzgarlas?

Determinar la dimensión real de ese fenómeno corresponde a las investigaciones judiciales. Pero los acontecimientos recientes muestran que el riesgo ya no puede tratarse únicamente como una hipótesis abstracta.

Una batalla que también se libra desde adentro

Costa Rica enfrenta un fenómeno regional que ha cambiado profundamente durante las últimas décadas. Las organizaciones criminales modernas no dependen únicamente de armas, rutas marítimas o territorios controlados. También buscan información privilegiada, documentos, protección, funcionarios corruptos y acceso a instituciones capaces de facilitar sus operaciones. Por eso, una política contra el crimen organizado difícilmente puede limitarse a detener narcotraficantes en las calles.

La verdadera prueba comienza cuando las investigaciones alcanzan al propio Estado. Y ahí se encuentra precisamente el desafío que enfrenta el Gobierno de Laura Fernández. Puede aprobar leyes más severas. Puede fortalecer cuerpos policiales. Puede impulsar reformas migratorias. Puede aumentar las operaciones contra organizaciones criminales. Pero la credibilidad de su política de “cero tolerancia” dependerá también de algo mucho más incómodo: actuar con la misma firmeza cuando el investigado lleva uniforme, ocupa un escritorio público o pertenece a una institución encargada de proteger al país.

Los despidos recientes en Fuerza Pública y la investigación contra una funcionaria de Migración indican que esa batalla ya comenzó. Ahora corresponde observar si la estrategia consigue convertirse en una política institucional sostenida y si las investigaciones permiten separar con claridad a quienes sirven al Estado de quienes eventualmente puedan utilizarlo para favorecer intereses criminales.

Porque frente al narcotráfico y al crimen organizado, el problema no es solamente quién intenta entrar por la puerta. También importa quién puede estar dispuesto a abrirla desde adentro.