*La reforma impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo amplía los mandatos a siete años, restringe la participación de quienes el Gobierno considera “traidores a la patria” y provoca una nueva ofensiva diplomática de Washington.

Managua, Nicaragua – 13 septiembre de 2026 – ADMX – Daniel Ortega respondió a las nuevas presiones de Estados Unidos con uno de sus mensajes más desafiantes: “Ni se vende ni se rinde, jamás”. El pronunciamiento del copresidente nicaragüense se produjo durante la conmemoración del 47 aniversario del Ejército de Nicaragua, en momentos en que Washington eleva la presión sobre Managua y cuestiona una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega y Rosario Murillo. Pero detrás del discurso hay una disputa mucho más profunda.

Ortega defendió la unidad de su Gobierno y de las Fuerzas Armadas frente a lo que calificó como “amenazas externas” y apeló incluso a una “fortaleza que viene de Dios” para hacer frente a las presiones internacionales. La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó en primera legislatura una reforma constitucional que amplía de seis a siete años los mandatos de diversos cargos públicos y establece nuevas restricciones para quienes aspiren a participar en procesos electorales.

El ejército cierra filas con Ortega

Uno de los elementos políticamente más significativos del acto fue el respaldo expresado por el jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, a la reforma constitucional.

Avilés calificó de “traidores y vendepatrias” a quienes cuestionan al Gobierno y aseguró que las Fuerzas Armadas permanecerán “leales” y “cohesionadas”.

La imagen proyectada desde Managua es clara: ante el incremento de la presión internacional, Ortega presenta al Ejército como uno de los pilares de estabilidad y continuidad de su proyecto político.

La elección del escenario tampoco parece casual:  Ortega utilizó precisamente un acto militar para responder a Estados Unidos y advertir que Nicaragua se mantendrá firme frente a las presiones externas.

Marco Rubio pide aumentar la presión sobre Managua

La reacción estadounidense ha sido encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien pidió a los socios internacionales de Washington poner fin a las relaciones comerciales habituales con la Administración nicaragüense.

Rubio sostiene que las reformas promovidas por Ortega y Murillo profundizan la eliminación de condiciones para unas elecciones libres y permiten consolidar lo que calificó como una “dinastía ilegítima”. Estados Unidos también afirma que continuará abordando las violaciones de derechos humanos que atribuye al Gobierno nicaragüense.

La ofensiva diplomática estadounidense pretende ir más allá de una condena pública: busca que otros países utilicen sus relaciones económicas y comerciales como herramienta de presión sobre Managua. El desafío para Washington será conseguir suficiente respaldo internacional. Nicaragua mantiene vínculos comerciales y políticos con numerosos países y cualquier intento de aislamiento requeriría que otros gobiernos estuvieran dispuestos a asumir los costos políticos y económicos de reducir sus relaciones con Managua.

Por ahora, la respuesta de Ortega indica que no existe intención de ceder.

¿Qué cambia la nueva reforma constitucional?

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma establece restricciones para acceder a cargos públicos. El texto dispone que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean considerados “traidores a la patria”.

El Gobierno nicaragüense ha utilizado anteriormente esa denominación para referirse a opositores y críticos. La restricción también podría alcanzar a personas que, según las autoridades, hayan participado, financiado o mantenido vínculos con acciones consideradas intentos de golpe de Estado, así como a quienes hayan promovido lo que Managua denomina “injerencia extranjera”, solicitado intervenciones externas o respaldado sanciones y bloqueos contra Nicaragua.

El alcance político de la disposición es considerable

La definición podría permitir al Estado excluir de la competencia electoral a sectores opositores que hayan denunciado al Gobierno ante organismos internacionales o respaldado medidas internacionales contra Managua. Y la prohibición no se limitaría únicamente a competir en elecciones. Las personas comprendidas dentro de esas categorías tampoco podrían integrar las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.

De seis a siete años en el poder

La segunda gran modificación es la ampliación de los mandatos de seis a siete años. La medida alcanza a los copresidentes, diputados, alcaldes y otros cargos electos, además de determinadas autoridades judiciales y electorales y de los jefes del Ejército y la Policía.

El cambio también altera el calendario electoral

Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero la extensión de los periodos trasladaría el proceso hasta 2027. La reforma, sin embargo, todavía no está definitivamente aprobada.

El procedimiento constitucional nicaragüense exige que este tipo de modificaciones sean votadas por dos legislaturas diferentes. La primera aprobación ya se produjo. La segunda deberá realizarse durante la próxima legislatura, que comienza el 9 de enero de 2027, y Ortega ha señalado el 18 de enero como fecha prevista para completar el trámite.

Ortega y Murillo; un proyecto de poder compartido

La reforma no afecta únicamente al futuro político de Daniel Ortega. También fortalece el modelo de poder construido junto a su esposa, Rosario Murillo.

Desde 2025, ambos ejercen como copresidentes de Nicaragua después de una reforma constitucional que elevó a Murillo desde la vicepresidencia a la copresidencia.

La nueva modificación amplía ahora a siete años el mandato de ambos

Es precisamente este componente familiar del poder el que ha llevado a Washington a emplear el término “dinastía”, aunque desde Managua el proceso es presentado como una decisión soberana adoptada dentro del marco institucional nicaragüense. El enfrentamiento es, por tanto, también una batalla de narrativas. Para el Gobierno, las reformas buscan proteger la soberanía y evitar que sectores vinculados a intereses extranjeros utilicen el sistema político para desestabilizar al país. Para Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos, las modificaciones reducen los espacios para la competencia política y fortalecen la permanencia de Ortega y Murillo en el poder.

La sombra de la crisis de 2018 

El actual conflicto político nicaragüense tiene uno de sus principales antecedentes en las protestas iniciadas en abril de 2018. Las manifestaciones comenzaron como rechazo a reformas de la seguridad social y posteriormente se convirtieron en una movilización más amplia contra Ortega y su Gobierno. La respuesta estatal dejó más de 300 muertos, miles de heridos y provocó una salida masiva de nicaragüenses del país. Desde entonces, el Gobierno ha encarcelado y perseguido a dirigentes opositores y reducido considerablemente las estructuras políticas y sociales capaces de disputarle el poder. Las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, en las que Ortega consiguió un nuevo mandato, estuvieron además precedidas por la detención de dirigentes opositores y fueron ampliamente cuestionadas en el ámbito internacional.

“No habrá más elecciones”

Otro elemento vuelve especialmente delicado el debate actual: El pasado 19 de julio, Ortega afirmó que “no habrá más elecciones” en Nicaragua y argumentó que el sistema electoral había permitido anteriormente que sus adversarios recuperaran el poder. La reforma aprobada posteriormente por la Asamblea Nacional coloca esa declaración bajo una nueva perspectiva política. No significa necesariamente que Nicaragua vaya a eliminar formalmente todo proceso electoral.

El cambio podría ser más complejo: conservar la estructura electoral, pero restringir quién tiene derecho a competir mientras se amplían los periodos de quienes actualmente controlan las principales instituciones del Estado. Ahí se encuentra uno de los puntos centrales de la controversia: Una elección puede existir formalmente, pero su legitimidad política depende también de las condiciones de competencia, de quiénes pueden participar y de las garantías existentes para quienes se oponen al Gobierno.

Costa Rica y Perú reaccionan

La preocupación no procede únicamente de Washington. Costa Rica ha denunciado lo que considera un “continuo deterioro democrático” en Nicaragua y anunciado su respaldo a una respuesta firme y coordinada dentro de la Organización de Estados Americanos.

Perú, por su parte, ha pedido a la comunidad internacional activar mecanismos destinados a impedir la consolidación de lo que describe como una dictadura. Estados Unidos reclama mayor aislamiento comercial; Costa Rica busca una actuación coordinada en la OEA; Perú endurece su discurso y otros gobiernos latinoamericanos observan con preocupación la evolución institucional nicaragüense.

Managua, mientras tanto, insiste en que se trata de decisiones soberanas.

La batalla apenas comienza

La reforma todavía tiene una segunda votación por delante. Aunque el oficialismo controla la Asamblea Nacional y la primera aprobación se produjo de manera unánime y a mano alzada, el procedimiento constitucional deberá completarse durante la legislatura que comienza en enero de 2027. Por eso, lo que ocurre actualmente en Nicaragua no puede reducirse a una nueva pelea diplomática entre Managua y Washington.

Está en discusión cómo se organizará el poder político nicaragüense durante los próximos años, quién podrá competir por él y qué papel tendrán las instituciones civiles y militares en ese nuevo modelo.

Estados Unidos intenta aumentar el costo internacional de las decisiones de Ortega y Murillo, Ortega responde cerrando filas con el Ejército y apelando a la soberanía nacional.

Entre ambos discursos queda la cuestión esencial: ¿Seguirá Nicaragua conservando una competencia electoral efectiva o las reformas terminarán construyendo un sistema donde las elecciones permanezcan, pero el Gobierno tenga cada vez mayor capacidad para decidir quién puede disputarle el poder?

La respuesta definitiva todavía está pendiente.

Pero Daniel Ortega ya dejó claro cuál será su posición frente a las presiones externas: “Ni se vende ni se rinde, jamás”.