*La presidenta de Costa Rica inició una visita oficial de dos días a El Salvador, donde recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo y sostendrá una reunión bilateral con Nayib Bukele. El viaje ocurre apenas dos días después de que Costa Rica inaugurara su propio Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, inspirado en el modelo penitenciario salvadoreño.

San Salvador, El Salvador – 16 de octubre del 2026 – ADMX – La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, inició este viernes una visita oficial a El Salvador con una agenda centrada en seguridad, cooperación regional y funcionamiento de centros penitenciarios de máxima contención.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, Fernández fue recibida con protocolo oficial por la ministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco.

La visita se extenderá del 16 al 18 de octubre e incluye una reunión con el presidente Nayib Bukele y encuentros relacionados con la política de seguridad salvadoreña.

Del aeropuerto al CECOT

Uno de los primeros puntos de la agenda fue precisamente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, departamento de San Vicente. Fernández fue trasladada en helicóptero hasta el complejo penitenciario y recibida por autoridades salvadoreñas responsables de seguridad y defensa.

El CECOT fue concebido como una instalación de máxima seguridad con capacidad anunciada para 40.000 privados de libertad y se ha convertido en uno de los principales símbolos de la estrategia del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas y estructuras criminales.

La presidenta costarricense había explicado antes del viaje que quería conocer no solamente la infraestructura, sino también los modelos operativos y el funcionamiento cotidiano del sistema penitenciario salvadoreño.

Costa Rica acaba de inaugurar su propio centro de alta contención

La visita ocurre apenas dos días después de que Fernández inaugurara en Costa Rica el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), construido en el complejo penitenciario La Reforma. La nueva prisión tiene capacidad para aproximadamente 5.100 personas privadas de libertad y fue desarrollada tomando como referencia elementos del modelo salvadoreño. Las primeras transferencias están previstas para finales de octubre. El centro forma parte de una estrategia gubernamental para aislar a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras criminales organizadas.

¿Por qué Costa Rica está reforzando su política penitenciaria?

El contexto costarricense ha cambiado de manera importante durante los últimos años. Costa Rica registró 905 homicidios en 2023, la cifra más alta de su historia reciente; posteriormente contabilizó 876 en 2024 y 873 en 2025.

Una parte importante de esos asesinatos ha sido relacionada por las autoridades con disputas vinculadas al narcotráfico y estructuras criminales.

El recorrido de Laura Fernández por el CECOT tiene un significado que trasciende la infraestructura penitenciaria. Costa Rica busca conocer una experiencia regional desarrollada en circunstancias distintas a las propias, identificar mecanismos que puedan resultar útiles y adaptarlos a su realidad institucional.

El país también enfrenta una creciente presión derivada de su posición geográfica dentro de las rutas internacionales de la droga y de la presencia de estructuras vinculadas con mercados criminales transnacionales. En ese escenario, la seguridad pública adquiere una dimensión que supera el trabajo policial cotidiano.

Un Estado fuerte no es solamente el que puede encarcelar a quienes cometen delitos graves; también es el que puede demostrar su responsabilidad, garantizar un proceso legítimo y evitar que el poder extraordinario utilizado contra el crimen termine debilitando las instituciones que pretende proteger.

Combatir el narcotráfico y el crimen organizado requiere investigación criminal, inteligencia, cooperación internacional, controles financieros, capacidad penitenciaria y coordinación entre policías, fiscalías, tribunales y autoridades migratorias. Las prisiones de máxima seguridad constituyen solamente uno de esos componentes.

Cooperación regional frente al crimen organizado

La visita de Fernández también tiene una lectura regional: las organizaciones criminales no operan respetando fronteras nacionales. El tráfico de drogas, legitimación de capitales, tráfico de armas, trata de personas y otras actividades ilícitas exigen cada vez mayor intercambio de información entre Estados.

Por ello, Costa Rica y El Salvador han venido fortaleciendo su cooperación en materia de seguridad y sistema penitenciario. La agenda bilateral de Fernández y Bukele incluye precisamente temas estratégicos regionales y el intercambio de experiencias sobre seguridad.

Seguridad, pero también Estado de derecho

El modelo salvadoreño ha registrado una marcada reducción de la violencia asociada a pandillas, un resultado que el Gobierno de El Salvador presenta como uno de sus principales logros de seguridad. Organizaciones internacionales también reconocen que las cifras oficiales muestran una fuerte disminución de homicidios, aunque mantienen serios cuestionamientos sobre la manera en que se ha ejecutado la política.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado denuncias por detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, malos tratos y juicios masivos dentro del régimen de excepción salvadoreño.

Esa diferencia es particularmente importante para Costa Rica.

El desafío consiste en fortalecer la capacidad del Estado frente al narcotráfico y las organizaciones criminales sin abandonar las garantías del debido proceso, la individualización de responsabilidades y los controles propios de un Estado democrático de derecho. Seguridad y derechos fundamentales no tienen por qué plantearse como objetivos incompatibles.

Seguridad y Estado de derecho: el desafío costarricense

Esa diferencia es particularmente importante para Costa Rica. El país enfrenta una presión creciente del narcotráfico y del crimen organizado, y eso obliga al Estado a fortalecer su capacidad de respuesta: mejorar la inteligencia policial, la investigación criminal, el control penitenciario, la coordinación entre instituciones, la cooperación internacional y la persecución de las estructuras financieras que sostienen a las organizaciones delictivas.

Pero una estrategia más firme no significa necesariamente debilitar las garantías jurídicas. El reto consiste en que el Estado pueda actuar con contundencia frente a personas y organizaciones de alta peligrosidad sin convertir la excepcionalidad en regla, sin sustituir la investigación individualizada por generalizaciones y sin perder los controles que garantizan que cada persona responda por hechos concretos y probados.

En Costa Rica, la lucha contra el crimen organizado debe convivir con principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la individualización de responsabilidades y el control judicial de las actuaciones del Estado.

Esos principios no representan necesariamente un obstáculo para combatir la criminalidad. Por el contrario, una política de seguridad sólida necesita investigaciones bien construidas, pruebas capaces de sostenerse ante los tribunales y sentencias que permitan al Estado actuar con legitimidad. La discusión, por tanto, no tendría que reducirse a escoger entre seguridad o derechos fundamentales.

La verdadera pregunta es cómo construir instituciones capaces de proteger a la población frente a organizaciones criminales cada vez más complejas, sin renunciar a las garantías que distinguen la acción legítima del Estado de la arbitrariedad.

También existe una diferencia fundamental entre conocer una experiencia extranjera y reproducirla íntegramente: El CECOT puede ofrecer a Costa Rica elementos de análisis sobre infraestructura de máxima seguridad, control interno, clasificación de población penitenciaria, vigilancia y aislamiento de estructuras criminales. Pero cualquier mecanismo adoptado debe ser evaluado y adaptado a la legislación, las instituciones y las condiciones propias del país.

Por eso, la visita de Laura Fernández a El Salvador puede entenderse como una oportunidad para observar un modelo regional y estudiar cuáles de sus componentes podrían resultar útiles para Costa Rica, sin asumir que toda la experiencia salvadoreña sea trasladable de manera automática. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado exige firmeza, capacidad operativa y cooperación internacional.

Pero también requiere que esa fortaleza se ejerza dentro de la ley

Un Estado fuerte no es solamente el que puede encarcelar a quienes cometen delitos graves; también es el que puede demostrar su responsabilidad, garantizar un proceso legítimo y evitar que el poder extraordinario utilizado contra el crimen termine debilitando las instituciones que pretende proteger.

La visita oficial continuará con el encuentro bilateral entre Laura Fernández y Nayib Bukele, donde ambos gobiernos abordarán asuntos de la agenda regional y de cooperación en seguridad.