*Durante las últimas semanas, la discusión sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional se ha convertido en uno de los temas políticos más intensos de Costa Rica. Diputados, sindicatos, cámaras empresariales, especialistas, autoridades de gobierno y diversos sectores sociales han entrado en una confrontación donde abundan los discursos, las advertencias y los cálculos políticos. Sin embargo, hay una pregunta fundamental que parece haberse perdido en medio del ruido:

¿Cómo piensa Costa Rica generar la electricidad que necesitará dentro de 25 años?

Porque más allá de los discursos a favor o en contra del proyecto, existe una realidad que no desaparece por decreto ni por ideología: la demanda eléctrica del país sigue creciendo.

Durante décadas, Costa Rica construyó un sistema eléctrico que se convirtió en motivo de orgullo nacional. La cobertura eléctrica llegó prácticamente a todo el territorio, se desarrolló una matriz energética predominantemente renovable y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se consolidó como una de las instituciones más importantes del país.

Esa historia merece respeto.

Pero respetar la historia no significa ignorar el futuro. Según diversas proyecciones basadas en el comportamiento histórico del consumo eléctrico nacional, la demanda energética del país podría más que duplicarse para el año 2050. Incluso bajo escenarios conservadores, Costa Rica necesitaría generar cerca de 30.000 gigavatios hora anuales, frente a los aproximadamente 13.000 que consume actualmente.

Traducido a términos prácticos, esto significa que el país tendría que construir durante los próximos 25 años más capacidad de generación eléctrica de la que ha desarrollado durante gran parte de su historia moderna. Las preguntas entonces dejan de ser ideológicas y se vuelven profundamente prácticas.

¿Quién financiará esa expansión? ¿Quién construirá esa infraestructura? ¿Quién asumirá los riesgos? Y, sobre todo, ¿cómo se garantizará que los consumidores reciban electricidad confiable y a precios razonables?

Aquí es donde el debate sobre la armonización eléctrica adquiere verdadera relevancia.

Los defensores del proyecto sostienen que Costa Rica necesita abrir más espacios para la inversión privada, modernizar las reglas del mercado y permitir una participación más amplia de distintos actores en la generación eléctrica. Argumentan que el modelo actual enfrenta limitaciones financieras y operativas para asumir por sí solo el enorme desafío que se avecina. Los críticos responden que la apertura podría debilitar al ICE, poner en riesgo el modelo solidario construido durante décadas y entregar a intereses privados una parte estratégica del sistema eléctrico nacional.

Además, advierten que la competencia no garantiza automáticamente tarifas más bajas para los consumidores. Y en esto último tienen razón. La competencia, por sí sola, no es una garantía. La experiencia internacional demuestra que existen mercados eléctricos exitosos y otros profundamente problemáticos.

Por eso resulta preocupante que algunos intenten presentar la armonización eléctrica como una fórmula mágica que resolverá todos los problemas del sector.

No existen fórmulas mágicas.

Pero también resulta preocupante que otros sectores actúen como si el modelo actual pudiera permanecer intacto durante las próximas décadas sin enfrentar desafíos estructurales. Tampoco existe la inmovilidad eterna.

La discusión debería ser mucho más sofisticada. Costa Rica no necesita escoger entre destruir el ICE o paralizar cualquier reforma. Costa Rica necesita encontrar un equilibrio entre modernización y protección institucional. Y es precisamente ahí donde aparecen algunas de las debilidades del proyecto actual.

Por ejemplo, sigue siendo legítimo preguntarse si el país necesita una institucionalidad energética más robusta y especializada. Resulta difícil comprender por qué una nación que depende tanto de la energía para su desarrollo económico continúa administrando este tema dentro de una estructura ministerial cuyas responsabilidades abarcan desde parques nacionales hasta biodiversidad, recursos hídricos y cambio climático.

La energía merece una visión estratégica propia.

También existen dudas razonables sobre la futura gobernanza del sistema, los mecanismos de supervisión, la composición de los órganos de dirección y los posibles conflictos de interés que podrían surgir dentro de las nuevas estructuras propuestas.

Estas preocupaciones no deben ser minimizadas. Deben corregirse.

Porque una buena reforma no es aquella que favorece a un grupo político o económico. Una buena reforma es aquella que resiste el paso del tiempo.

Sin embargo, el mayor riesgo para Costa Rica podría no ser una mala reforma. Podría ser la incapacidad de tomar cualquier decisión.

Mientras el debate político se concentra en quién gana puntos electorales, quién cambia de posición o quién se beneficia del desgaste de sus adversarios, el país continúa avanzando hacia una realidad energética que exigirá respuestas concretas.

La electricidad no entiende de campañas electorales. No espera consensos partidarios. No se detiene porque la Asamblea Legislativa tenga diferencias ideológicas. La demanda seguirá creciendo. Los hogares seguirán necesitando energía. Las industrias seguirán requiriendo capacidad instalada. Y los inversionistas seguirán observando si Costa Rica tiene o no una estrategia clara para garantizar su futuro energético.

Por eso este debate merece algo mejor que consignas. Merece estudios serios. Merece transparencia. Merece datos verificables. Merece análisis técnicos independientes. Y merece que todas las partes expliquen con claridad cuáles serán las consecuencias reales de sus propuestas.

La pregunta central no debería ser quién gana la batalla política alrededor de la armonización eléctrica. La pregunta debería ser mucho más simple y mucho más importante:

¿Qué sistema eléctrico necesitará Costa Rica en 2050 y qué debe empezar a construir hoy para hacerlo posible?

Porque el verdadero desafío no es defender el pasado. Tampoco es apostar ciegamente por cualquier cambio. El verdadero desafío consiste en construir el futuro sin destruir aquello que ha funcionado bien.

Y para lograrlo, el país necesita menos consignas y más visión de largo plazo.