*Tras la visita de la presidenta Laura Fernández al CAI Vilma Curling Rivera, el debate sobre el programa Cero Ocio tomó fuerza en Costa Rica. La iniciativa busca que las personas privadas de libertad estudien, trabajen, aprendan oficios y participen en actividades productivas como parte de una estrategia para reducir la reincidencia, fortalecer la disciplina penitenciaria y preparar una reinserción real.

San José, Costa Rica – 8 de julio del 2026 – ADMX – La visita de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, al Centro de Atención Institucional Vilma Curling Rivera, conocido como la cárcel de mujeres, abrió una conversación que va más allá de los muros penitenciarios: ¿qué debe hacer un país con las personas que cumplen una condena?, ¿basta con encerrarlas?, ¿o el Estado debe exigir disciplina, trabajo y responsabilidad como parte de una verdadera reinserción?

En ese recorrido, la mandataria escuchó a mujeres privadas de libertad que pidieron oportunidades para estudiar, trabajar y capacitarse. Algunas hablaron de errores cometidos, de consumo problemático, de delitos vinculados a la necesidad o al dinero fácil, pero también de una expectativa concreta: salir con herramientas para no volver al mismo camino.

Ahí aparece el programa Cero Ocio.

La idea central es sencilla, pero de enorme peso político, social y penitenciario: que la cárcel no sea un espacio muerto, donde el tiempo se pudre entre pasillos, frustración, violencia y aprendizaje criminal, sino un lugar donde la persona privada de libertad tenga una rutina, aprenda un oficio, trabaje, estudie y asuma responsabilidad por el daño causado. El Ministerio de Justicia y Paz ha resumido el plan con tres palabras: trabajo, disciplina y responsabilidad. Según la institución, Cero Ocio busca hacer realidad esas condiciones dentro del sistema penitenciario costarricense.

Un proyecto que todavía está en discusión legislativa

Es importante precisar un punto: Cero Ocio tiene una dimensión programática ya visible en acciones del Gobierno, pero la llamada Ley de Cero Ocio en las Cárceles, expediente 25.617, aparece registrada como proyecto de ley, en comisión, sin votaciones reportadas en la consulta legislativa disponible.

El expediente fue presentado el 15 de junio de 2026 y propone regular la administración del Sistema Penitenciario Nacional, así como la ejecución de actividades penitenciarias orientadas a la formación y productividad de las personas privadas de libertad. También plantea un modelo de autosuficiencia penitenciaria, mediante el cual las actividades productivas puedan ayudar a financiar parte del sistema, modernizar tecnología de vigilancia y mejorar infraestructura.

El texto del proyecto establece excepciones para personas en alta contención, personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres embarazadas o en período de lactancia y personas con enfermedades terminales debidamente acreditadas. Ese dato es relevante porque una política penitenciaria seria no puede tratar igual a toda la población carcelaria: debe distinguir riesgos, condiciones físicas, necesidades de salud y posibilidades reales de participación.

La cárcel no puede ser una escuela del delito

Uno de los argumentos más fuertes detrás de Cero Ocio es que el tiempo vacío dentro de prisión no es neutral. En condiciones de hacinamiento, encierro, violencia, drogas o falta de oportunidades, el ocio puede convertirse en un terreno fértil para la frustración y la profesionalización delictiva.

La exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que el modelo de actividades productivas penitenciarias busca recuperar una lógica de disciplina, reparación y preparación para la vida después de prisión. También plantea que el trabajo puede contribuir a reducir conflictos internos, dar propósito al tiempo de las personas privadas de libertad y permitir alguna forma de compensación social.

Dicho de otra manera: una cárcel sin propósito puede castigar, pero difícilmente transforma. Encierra cuerpos, pero no necesariamente corrige conductas. Y una persona que sale igual o peor de como entró representa un fracaso para todos: para la víctima, para la familia, para el sistema judicial, para el Estado y para la comunidad que volverá a recibirla.

La seguridad pública no termina con una captura ni con una condena. También se juega en lo que ocurre después, cuando la persona cumple su pena y regresa a la calle. Si vuelve sin oficio, sin disciplina, sin apoyo, sin tratamiento y sin posibilidad de empleo, el riesgo de reincidencia no desaparece: simplemente cambia de fecha.

Qué busca Cero Ocio

Cero Ocio apunta a convertir el tiempo penitenciario en tiempo útil. Eso puede incluir trabajo, estudio, formación técnica, talleres productivos, mantenimiento de espacios públicos, actividades de limpieza, agricultura, textilería, cocina, carpintería, gestión de residuos, reparación, servicios internos y otras labores bajo supervisión institucional.

El Ministerio de Justicia y Paz ya ha anunciado trabajos vinculados al plan en playas, delegaciones policiales, centros educativos y centros cívicos. Entre los sitios mencionados por la institución aparecen Playa Iguanita, Playa Moín, Chacarita, Playa El Roble, varias delegaciones policiales y centros educativos como el Conservatorio Castella, la Escuela Abelardo Rojas y el CTP de Barranca, entre otros.

Esto cambia el enfoque tradicional: la persona privada de libertad no solo cumple una sanción, sino que también participa en tareas que pueden beneficiar a comunidades, instituciones públicas y espacios que requieren mantenimiento.

Pero el objetivo no debería limitarse a “poner presos a limpiar”. Ese sería un enfoque corto, casi de brocha gorda. La verdadera profundidad del plan está en que cada actividad tenga valor formativo: horarios, supervisión, aprendizaje, responsabilidad, certificación, hábitos laborales y preparación para una posible vida productiva fuera de prisión.

El trabajo sin formación puede ser solo ocupación. El trabajo con formación puede convertirse en reinserción.

La reinserción no es premio: es prevención

Uno de los errores más comunes en el debate público es presentar la reinserción como si fuera un regalo para quien cometió un delito. No lo es. La reinserción es una política de seguridad. Quien cumple una condena debe responder por el daño causado. Eso no se discute. La justicia no puede ser ingenua ni sentimental.

Pero tampoco puede ser ciega al hecho de que la mayoría de las personas privadas de libertad, tarde o temprano, saldrá de prisión.

La pregunta no es si van a salir. La pregunta es cómo van a salir. Si salen sin herramientas, el problema regresa a la sociedad. Si salen con estudio, oficio, disciplina, tratamiento y seguimiento, el país gana una posibilidad de reducir la reincidencia.

Las Reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas establecen que la finalidad de la pena privativa de libertad es proteger a la sociedad y reducir la reincidencia, y que eso solo puede lograrse si el periodo de prisión se utiliza para favorecer la reintegración social y una vida respetuosa de la ley al momento de la liberación.

Ese estándar internacional es clave: la cárcel no debe añadir sufrimiento innecesario, sino administrar la pérdida de libertad con seguridad, orden y propósito. La persona ya está pagando con la privación de libertad. Lo que el sistema debe evitar es que ese castigo se convierta en una fábrica de más violencia.

Lo que dice la evidencia internacional

La discusión sobre trabajo y educación en cárceles no es nueva.

Varios países han desarrollado modelos de formación, empleo penitenciario y reinserción con distintos resultados. Un estudio de RAND Corporation, basado en una revisión amplia de programas de educación correccional, encontró que las personas privadas de libertad que participaron en programas educativos tuvieron 43% menos probabilidades de reincidir que quienes no participaron. Además, sus posibilidades de empleo después de la liberación fueron mayores.

Este dato no significa que cualquier taller funcione automáticamente. No basta con poner una máquina de coser, una pala o una escoba. Los programas necesitan calidad, continuidad, evaluación, certificación y conexión con oportunidades reales de trabajo al salir. Pero la señal es clara: educación y formación reducen riesgos.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también sostiene que la educación, la capacitación vocacional y el trabajo en prisión ayudan a adquirir habilidades, favorecen el orden dentro de las cárceles, reducen conductas disruptivas y pueden contribuir a sostener económicamente algunos programas penitenciarios.

Noruega: normalidad, trabajo y responsabilidad

Noruega suele aparecer como referencia en materia penitenciaria por su llamado principio de normalidad. La idea es que la vida dentro de prisión debe parecerse, en la medida de lo posible y sin descuidar la seguridad, a la vida fuera de prisión. Eso incluye educación, salud, trabajo, contacto familiar y preparación para el regreso a la sociedad.

Un estudio sobre encarcelamiento, reincidencia y empleo en Noruega describe que sus prisiones enfatizan la rehabilitación y que todas ofrecen educación, salud mental y programas de capacitación. También señala que las personas privadas de libertad participan en actividades diarias regulares y, si no están en educación o capacitación, deben trabajar dentro del centro.

La lección noruega no es que todos los países deban copiar su modelo, porque las realidades fiscales, culturales y criminales son distintas. La lección es otra: la rutina importa. La clasificación de internos importa. La formación del personal penitenciario importa. La cercanía con la familia importa. Y la salida de prisión debe prepararse antes de que la puerta se abra.

Singapur: segunda oportunidad y comunidad

Singapur ha trabajado durante años el concepto de segunda oportunidad con el Yellow Ribbon Project, una iniciativa que busca sensibilizar a la sociedad sobre la reintegración de exprivados de libertad, reducir el estigma y generar apoyo comunitario.

El Servicio Penitenciario de Singapur reporta que la reincidencia a dos años para la cohorte liberada en 2023 fue de 21,9%, una reducción frente a cerca de 44% dos décadas atrás. La institución vincula esa estabilidad con custodia segura, rehabilitación y alianzas comunitarias para apoyar la reinserción.

Aquí hay otra lección para Costa Rica: la cárcel no puede hacerlo todo sola. Si una persona aprende un oficio, pero afuera nadie la contrata; si estudia, pero nadie le abre una puerta; si cambia, pero la sociedad solo le recuerda su expediente, la reinserción queda a medio camino.

Por eso, cualquier plan como Cero Ocio necesita al Estado, pero también a municipalidades, empresas, iglesias, organizaciones sociales, centros de formación, universidades y comunidades. La reinserción no se decreta: se construye.

España: trabajo penitenciario y formación para el empleo

España cuenta con una entidad pública orientada al trabajo penitenciario y la formación para el empleo. Entre sus funciones se incluye la formación laboral de internos en centros penitenciarios y centros de inserción social, así como la promoción de relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten esos fines.

El modelo español permite observar otro punto importante: el trabajo penitenciario no debe ser visto únicamente como una forma de mantener ocupado al interno, sino como una ruta hacia competencias laborales concretas. Panadería, cocina, mantenimiento, agricultura, textil, carpintería, jardinería, limpieza industrial, gestión de residuos, informática básica o servicios administrativos pueden convertirse en puentes hacia el empleo si hay certificación, disciplina y articulación con el mercado.

Sin ese puente, el trabajo termina en el portón de la cárcel. Con ese puente, el oficio puede seguir caminando afuera.

Mujeres privadas de libertad: una población con necesidades específicas

La visita al CAI Vilma Curling Rivera puso un rostro particular al debate: el de las mujeres privadas de libertad.

La reinserción femenina exige cuidados específicos. Muchas mujeres llegan al sistema penitenciario atravesadas por historias de violencia, pobreza, maternidad, dependencia económica, consumo problemático, delitos asociados al microtráfico o redes familiares rotas. Eso no borra la responsabilidad penal, pero sí obliga a diseñar respuestas más inteligentes. Naciones Unidas ha advertido que, en muchos países, los programas de rehabilitación fueron pensados para poblaciones predominantemente masculinas y no siempre responden a las necesidades de mujeres privadas de libertad. También ha señalado que algunas capacitaciones femeninas quedan atrapadas en estereotipos laborales, sin preparar realmente para empleos mejor remunerados o sostenibles.

Ese punto es vital para Costa Rica. Si Cero Ocio se amplía a mujeres, como ha anunciado el Ministerio de Justicia y Paz, debe evitar caer en una visión limitada. La costura puede ser útil, sí. Pero no debe ser la única puerta.

Las mujeres también pueden formarse en construcción liviana, electricidad básica, tecnología, administración, gastronomía, agricultura, emprendimiento, atención al cliente, mantenimiento, logística o cualquier área que tenga demanda real.

La segunda oportunidad no debe venir con techo bajo.

El riesgo: que Cero Ocio se convierta en castigo sin futuro

Todo programa penitenciario tiene riesgos. El primero es convertir el trabajo en simple castigo. El segundo es venderlo como solución mágica. El tercero es medirlo por fotos, no por resultados. Cero Ocio debe cuidarse de esos tres peligros.

Si se trata solo de sacar privados de libertad a limpiar playas para una imagen pública, el programa perderá profundidad. Si se presenta como la solución definitiva a la inseguridad, será una promesa inflada. Si no se mide con datos, nadie sabrá si realmente reduce la reincidencia. Las mejores prácticas internacionales apuntan a que el trabajo penitenciario debe tener propósito rehabilitador, no fines de lucro por encima de la dignidad humana. UNODC ha señalado que los programas laborales en prisión deben mantener como objetivo principal la reinserción social, sin subordinarse al beneficio financiero de industrias penitenciarias.

Por eso, el éxito de Cero Ocio dependerá de varias condiciones:

1.- Que las actividades sean seguras para la población privada de libertad, el personal penitenciario y la ciudadanía.

2.- Que exista supervisión técnica y no solo vigilancia.

3.- Que haya clasificación adecuada de participantes.

4.- Que se respeten condiciones de salud, edad, embarazo, discapacidad y nivel de riesgo.

5.- Que la formación responda a necesidades reales del mercado laboral.

6.- Que se otorguen certificaciones útiles.

7.- Que exista seguimiento después de la liberación.

8.- Que los resultados se publiquen con transparencia.

9.- Que las víctimas y la reparación del daño no queden fuera del debate.

Reparación, disciplina y dignidad

Una política penitenciaria equilibrada debe sostener tres ideas al mismo tiempo: quien delinquió debe responder; la víctima merece justicia; y la sociedad necesita que quien salga de prisión tenga menos posibilidades de volver a delinquir.

No hay contradicción entre disciplina y reinserción. Al contrario: sin disciplina, la reinserción se vuelve discurso bonito. Y sin reinserción, la disciplina se vuelve puro encierro.

La cárcel debe tener reglas claras, autoridad, horarios, consecuencias y control. Pero también debe ofrecer educación, trabajo, tratamiento, formación espiritual si la persona la busca, atención psicosocial y rutas de empleo.

El ser humano no cambia solo porque una puerta se cierra. Cambia cuando encuentra una razón, una estructura y una oportunidad real para levantarse.

Eso no significa olvidar el daño causado. Significa evitar que el daño se repita.

El debate que Costa Rica debe dar

El debate sobre Cero Ocio llega en un momento en que Costa Rica enfrenta una fuerte preocupación por la seguridad, la criminalidad organizada, la reincidencia y la presión sobre el sistema penitenciario.

En ese contexto, una propuesta que mezcla trabajo, orden y reinserción puede conectar con una demanda ciudadana profunda: que las cárceles no sean hoteles, pero tampoco bodegas humanas; que quienes cometieron delitos paguen, pero que también asuman responsabilidad; que el Estado proteja a la sociedad, pero no renuncie a corregir.

El reto está en no caer en extremos.

Un extremo dice: “que se pudran en prisión”. Ese enfoque puede sonar duro, pero no resuelve lo que pasa cuando esas personas salen. El otro extremo dice: “todo es culpa de la sociedad”. Ese enfoque borra responsabilidad individual y ofende a las víctimas.

Entre ambos hay una ruta más seria: ley, orden, trabajo, estudio, reparación, disciplina y reinserción. Ese parece ser el terreno donde Cero Ocio puede encontrar sentido, siempre que se ejecute con controles, transparencia y visión de largo plazo.

Una oportunidad para medir resultados

Costa Rica debería convertir Cero Ocio en una política medible. No basta con decir cuántas personas participaron o cuántas playas se limpiaron.

El país necesita saber cuántos privados de libertad completaron formación, cuántos obtuvieron certificación, cuántos consiguieron empleo después de salir, cuántos reincidieron y cuántos no volvieron al sistema penal.

También sería necesario evaluar si el programa reduce conflictos dentro de los centros penitenciarios, si mejora la convivencia, si disminuye consumo de drogas, si fortalece la disciplina y si ayuda a las familias de las personas privadas de libertad.

El dato mata el discurso. Y en política pública, sin datos, hasta la mejor intención puede terminar convertida en propaganda.

Más allá de la cárcel

La experiencia internacional muestra que la cárcel por sí sola no basta. La reinserción necesita continuidad afuera. Una persona puede pasar meses o años trabajando dentro de prisión, pero si al salir enfrenta rechazo absoluto, falta de vivienda, adicciones no tratadas, deudas, rupturas familiares y cero oportunidades laborales, el riesgo de volver al delito aumenta. Por eso, Cero Ocio debería conectarse con una red postpenitenciaria: orientación laboral, alianzas con empresas, seguimiento psicológico, apoyo familiar, coordinación municipal, centros de formación técnica y mecanismos de empleo protegido o progresivo.

La salida de prisión no debe ser un salto al vacío. Debe ser una transición.

Conclusión: la seguridad también se construye dentro de la cárcel

La visita de Laura Fernández al CAI Vilma Curling Rivera puso sobre la mesa una verdad incómoda: la sociedad suele mirar la cárcel solo cuando hay crisis, violencia o escándalo.

Pero lo que ocurre dentro de esos muros termina regresando a la calle.

Cero Ocio puede convertirse en una herramienta importante si logra transformar tiempo muerto en tiempo productivo, frustración en disciplina, castigo en responsabilidad y encierro en preparación para una vida distinta.

No será fácil. Habrá resistencia, errores, dudas y debate político. Pero la pregunta de fondo sigue siendo inevitable: ¿qué conviene más a Costa Rica, cárceles llenas de personas sin hacer nada o centros penitenciarios donde el tiempo sirva para estudiar, trabajar, reparar y prepararse para no reincidir?

La seguridad no termina cuando se cierra una celda. También se construye cuando una persona aprende un oficio, cumple una rutina, asume responsabilidad y encuentra una puerta distinta para regresar a la sociedad sin volver al delito.

Costa Rica tiene ante sí una oportunidad: hacer de Cero Ocio algo más que un lema y convertirlo en una política seria, medible y humana, donde la justicia no pierda firmeza y la reinserción no pierda dignidad.