*Nuevas disposiciones entrarán en vigor el 3 de junio y buscan reforzar la seguridad, reducir el ingreso de drogas y recuperar el control dentro de los centros penales

El Ministerio de Justicia y Paz anunció una serie de medidas que modificarán significativamente las condiciones de ingreso de alimentos, ropa y otros artículos a los centros penitenciarios de Costa Rica.

A partir del miércoles 3 de junio de 2026, los privados de libertad únicamente podrán recibir dos recipientes de comida durante los días de visita, dejando atrás un sistema que permitía el ingreso de hasta 15 tazas de alimentos por persona.

La decisión forma parte de una estrategia impulsada por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, orientada a fortalecer la seguridad institucional, optimizar el trabajo de la Policía Penitenciaria y cerrar mecanismos que históricamente han sido utilizados para el ingreso de drogas y otros artículos prohibidos.

Más de 158 mil encomiendas en cinco meses

Según datos suministrados por el Ministerio de Justicia, entre enero y mayo de este año ingresaron a los centros penitenciarios del país aproximadamente 158.000 encomiendas.

La revisión de estos paquetes representa una enorme carga operativa para el sistema penitenciario. De acuerdo con el ministro Aguilar, diariamente hasta 200 oficiales penitenciarios debían dedicar gran parte de su jornada a inspeccionar los artículos que ingresaban a las cárceles.

“Revisar cada paquete es una tarea que consume hasta 200 oficiales penitenciarios por día. Eso se acabó. Se acabaron las 15 tazas de comida por día”, afirmó el jerarca.

Para las autoridades, la medida permitirá redirigir recursos humanos hacia labores de vigilancia, control interno y seguridad.

¿Qué cambia a partir de junio?

La nueva normativa establece que el ingreso de alimentos quedará restringido exclusivamente a los días de visita general. Además, los alimentos deberán consumirse dentro de los espacios destinados para las visitas y no podrán ser trasladados a dormitorios, módulos o áreas comunes de convivencia.

Cada privado de libertad podrá recibir únicamente:

1.- Dos recipientes plásticos transparentes para alimentos.

2.- Capacidad máxima de 32 onzas por recipiente.

3.- Una bebida de hasta 1,5 litros en envase plástico transparente.

4.- Los envases no podrán portar etiquetas.

Asimismo, se prohíbe el ingreso de bebidas energizantes.

Los alimentos sobrantes deberán ser retirados por los visitantes al abandonar el centro penitenciario.

Fin de las encomiendas alimentarias

La circular emitida por la Dirección General de Adaptación Social establece de forma explícita la prohibición del ingreso de alimentos mediante encomiendas, visitas especiales o visitas íntimas. La disposición busca cerrar uno de los principales canales que, según las autoridades, han sido aprovechados durante años para introducir sustancias ilícitas y otros artículos prohibidos dentro de los centros penales. Las autoridades consideran que la reducción del volumen de paquetes facilitará los controles y disminuirá los riesgos de seguridad.

También habrá restricciones para ropa y artículos personales

Las nuevas medidas no se limitan a la alimentación.

El Ministerio de Justicia anunció que también endurecerá los controles relacionados con el ingreso y acumulación de ropa, artículos personales y otros objetos dentro de los centros penitenciarios. Según las autoridades, la acumulación excesiva de pertenencias ha contribuido a generar problemas de orden, hacinamiento, insalubridad y comercio irregular dentro de algunas cárceles.

El ministro Aguilar señaló que muchos privados de libertad han mantenido actividades comerciales internas relacionadas con la venta de alimentos y ropa.

“Aquí paramos la fiesta ya”, expresó el jerarca al referirse a estas prácticas.

Seguridad versus comodidad

Las declaraciones del ministro reflejan una visión más estricta sobre el funcionamiento del sistema penitenciario. Aguilar fue enfático al señalar que los centros penales deben enfocarse en la seguridad, el control y la ejecución de las penas, y no en ofrecer condiciones que, a criterio de las autoridades, excedan lo razonable.

“Quien permanece en una celda no debe vivir como si fuera un hotel”, afirmó.

Desde la perspectiva institucional, el objetivo es recuperar espacios de autoridad dentro de las cárceles y eliminar prácticas que consideran incompatibles con una adecuada gestión penitenciaria.

Un sistema penitenciario bajo presión

Las medidas llegan en un momento en que el sistema penitenciario costarricense enfrenta importantes desafíos relacionados con seguridad, sobrepoblación y control interno.

Según cifras oficiales, al 28 de febrero de 2026 Costa Rica registraba 19.453 personas privadas de libertad. La magnitud de la población penitenciaria representa una presión constante sobre los recursos humanos, la infraestructura y los mecanismos de supervisión. En este contexto, el Ministerio de Justicia sostiene que las nuevas disposiciones permitirán mejorar la capacidad operativa de la Policía Penitenciaria y reducir vulnerabilidades asociadas al ingreso de artículos prohibidos.

Una estrategia de control institucional

Las autoridades insisten en que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia destinada a fortalecer la autoridad del Estado dentro de los centros penales.

El objetivo declarado es reducir espacios utilizados para actividades ilícitas, mejorar las condiciones de seguridad y optimizar los recursos disponibles para la vigilancia y el control penitenciario.

Mientras tanto, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse de manera obligatoria en todo el Sistema Penitenciario Nacional a partir del 3 de junio, marcando uno de los cambios más importantes en materia de control de ingresos a las cárceles costarricenses en los últimos años.